El fiscal destaca, en el mismo sentido, que la única vinculación conocida de Aguirre con Fundescam, la fundación que fue utilizada para abonar gastos del PP madrileño, era que la misma era su presidenta, al mismo tiempo que tenía a su nombre una cuenta bancaria: “Un hecho objetivo neutro que necesita ser completado con alguna prueba o indicio de que la misma, más allá de su cargo formal, participase o tuviese conocimiento de alguna irregularidad“.

Además, el Ministerio Público rechaza el razonamiento vertido por los socialistas, que de forma literal aseguraron que la decisión de no procesar a los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González “tiraba por tierra el ingente trabajo desarrollado por al menos dos miembros del Ministerio Fiscal“, que no firmaron el escrito de acusación de Púnica.

“La cuestión no es si se ha trabajado, mucho, poco bien o mal, sino si de la instrucción practicada se han recabado indicios racionales de criminalidad que fundamenten, dentro de los parámetros legales y jurisprudenciales, la continuación del procedimiento frente a una persona. Considerar el tiempo empleado, en sí mismo, un indicio de criminalidad se aproximaría a regímenes totalmente alejados de un Estado democrático”, destaca el escrito del fiscal, que sostiene que no es capaz de “entender” qué pretende el PSOE con esa alegación.

“Arbitrario e ilógico”

En cuanto a la alegación de que la investigación de la Púnica se cerró cuando todavía quedaban diligencias por practicar, la Fiscalía sostiene que hacerlo en este momento procesal sería “arbitrario e ilógico”, pues la acusación del PSOE, “pese a llevar personada en la pieza desde el inicio de la misma”, no lo ha hecho durante toda la instrucción, que se inició en 2014.

“La cuestión, por lo tanto, es en qué momento la acusación particular recurrente solicitó las diligencias que ahora da por no efectuadas, qué resolución las denegó o qué informe razonado se presentó motivando la ampliación del objeto de investigación. Lo cierto es que no se reclamó tal documental porque los hechos nunca fueron parte del objeto de investigación correspondientes al año 2011“, prosigue Cabaleiro, que recuerda que ahora ya no es posible hacerlo “debido a la prescripción de los hechos”.

“Cabe recordar que es a la acusación a la que le corresponde la carga de la prueba de los hechos que fija en sus escritos de conclusiones, por lo que no basta con la formal remisión a un auto. […] Se ha de destacar que, pese a la crítica vertida, la propia recurrente, para sostener su pretensión, se remite a un auto del 2019 y, tras casi tres años de instrucción, NO [en mayúscula en el escrito] concreta cuáles son los indicios de criminalidad que se le atribuyen a Esperanza Aguirre, ni los que sostenían el auto del 2019 ni cómo se habrían vistos corroborados tras las diligencias practicadas”, prosigue Cabaleiro.

“Inexacta narración de la Fiscalía”

El fiscal reconoce, no obstante, que los socialistas en su recurso transcriben “en su mayor parte” un informe elaborado el 1 de agosto de 2019 por la Fiscalía Anticorrupción, que sostenía que había existido un plan concertado desde 2003 para financiar al PP madrileño de forma irregular. Sin embargo, censura la actuación de sus compañeros fiscales: “Cuando se dictó no existía base indiciaria sólida que permitiese fundamentar muchas de sus afirmaciones. Se puede considerar, no obstante, que ello fue así como consecuencia de una inexacta narración, haciendo constar afirmaciones cuando debería de haberse hecho constar presunciones de hechos, más lo realmente importante es que su finalidad era proseguir con una línea de investigación, construyendo sobre hechos objetivos neutros e indicios lejanos, una narración hipotética con la finalidad de su investigación”.

Por eso, las afirmaciones de la acusación contra Aguirre, prosigue Cabaleiro, son “carentes de cualquier tipo de soporte probatorio”, pues se realiza “una narración genérica y abstracta, descontextualizada entre las conexión funcional salvo para amparar, en términos generales, la existencia de un plan preconcebido entre más de 100 personas distintas, entre funcionarios y empresarios, que participarían del mismo”. En cuanto al supuesto pago de un 1% de varios contratos de la Administración el fiscal asegura que “tal forma de razonar roza el absurdo y supone desconocer el mecanismo de funcionamiento de la contratación pública“.

“A todos los partidos”

Finalmente, Cabaleiro atribuye al PSOE una incongruencia en su actuación, pues considera que pretende atribuir al expresidente madrileño Ignacio González una responsabilidad penal por haber concedido las subvenciones a través de un procedimiento que incumplía las propias bases, pero que favoreció a los socialistas. “Más nada se dice (pese a que el PSOE interviene bajo su coordinación) que la misma subvención y por idéntico proceso se entregaba a TODOS [en mayúscula en el escrito del fiscal] los grupos con representación en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, se fiscalizaba igual y se sometía a las mismas reglas. Extraña forma de criminalidad organizada. Y ello es así, por que realmente se estaba ejecutando, tal y como declaró Ignacio González, un acuerdo entre los grupos de la Asamblea, cuestión que no ha sido desmentida por nadie”, concluye el fiscal.

En el caso Púnica también ejercen la acusación por parte de la Fiscalía Anticorrupción las fiscales María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá, quienes el pasado 18 de abril presentaron un duro recurso contra la decisión del magistrado García Castellón de procesar a 21 excargos del PP de los Ayuntamientos de las localidades madrileñas de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle, pues aseguraban, de forma literal: “De forma sorpresiva y sin fundamento en nuevas informaciones, el juzgador cambia de opinión respecto a los indicios de pago de comisiones”.

Para las fiscales, que no han firmado el escrito rubricado en solitario por su compañero Alejandro Cabaleiro, las referencias que realiza el juez a los hechos en el auto de incoación de procedimiento abreviado de 12 de abril de 2023 sobre las presuntas irregularidades cometidas en los ayuntamientos de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle eran “contradictorias con todos los precedentes que sobre estos pagos de corrupción ya había valorado previamente el magistrado como existentes y sólidos“.