Una “paracaidista” ha aterrizado en el techo del número 59 de la rue Montoyer, en el barrio europeo de Bruselas, donde se encuentra la dirección general de Justicia y Consumidores de la Comisión Europea. Se utiliza ese término, “paracaidista”, cuando se habla de cargos de la Comisión Europea que, a diferencia de los que han hecho carrera dentro de la institución, llegan directamente desde alguna de las capitales de los Veintisiete. Ese es el caso de Ana Gallego Torres (1974), que será la próxima directora general de Justicia y Consumidores, llegando directamente del ministerio de Justicia español, donde desarrollaba desde febrero de 2020 el cargo de Directora General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos.

Este tipo de operaciones no son sencillas. Laa direcciones generales son premios muy preciados. Los países buscan apuntalar su influencia en Bruselas ocupando despachos importantes que mueven hilos y abren puertas. El nombramiento es el punto y final de una carrera de fondo en la que ningún país se suele considerar sobrerrepresentado. El Gobierno español ha conseguido este martes una victoria que sitúa de nuevo a una española al frente de una dirección general muy relevante en unos tiempos en los que muchos de los frentes fundamentales para el futuro de la Unión Europea se encuentran en el frente judicial.

Gallego Torres, licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y que forma parte del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, vuelve a Bruselas, por donde ya pasó entre 2011 y 2012, siendo consejera de Justicia de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. En un comunicado, Bruselas destaca de Gallego Torres “sus avanzadas habilidades negociadoras adquiridas a través de una variedad de negociaciones de alto nivel, incluida en la esfera política”. La Comisión también destaca “su profundo conocimiento de las políticas que competen a la Dirección General de Justicia y Consumidores”.

Antes de ser directora general de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos, la abogada española trabajó también entre 2017 y 2018 en la Filmoteca Nacional, a la que llegó después de tres años como subdirectora adjunta de Coordinación Interinstitucional en la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Entre 2004 y 2010 fue subdirectora general de Cooperación Jurídica Internacional en el Ministerio de Justicia.

El cargo tiene peso para España. La dirección general de Justicia ha sido una de las que más dolores de cabeza ha dado al Gobierno de Sánchez en los últimos tiempos. Fue Didier Reynders, comisario de Justicia, y con él la dirección general que está bajo su batuta, el que públicamente criticó desde el primer momento la propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que el Ejecutivo español hizo en otoño de 2020. Todavía hoy Reynders mantiene un diálogo permanente insistiendo en la necesidad de reformar el CGPJ para facilitar que los jueces escojan al menos a la mitad de los miembros, en línea con las recomendaciones de la Comisión de Venecia.

Banderas europeas frente a la Comisión Europea en Bruselas. (Reuters)

Recuperando peso

Se trata de un nombramiento muy relevante para España porque en los últimos tiempos el país ha ido perdiendo mucho peso en la cúpula de la Comisión Europea. Actualmente solamente hay dos españoles entre los altos cargos. Uno de ellos es Daniel Calleja, que es director general de los Servicios Jurídicos de la Comisión. Pero incluso ese puesto, que es muy relevante, tiene un sabor amargo: se trata de una dirección general muy peculiar, por lo que habitualmente se le considera fuera del circuito de los principales cargos de las direcciones generales. Y, además, Calleja acabó en ese cargo para sustituir a otro español, Luis Romero, que se jubilaba, perdiendo la anterior dirección general que llevaba dirigiendo desde 2015 y que, con la transición ecológica a la vista y como uno de los principales retos de esta legislatura, habría resultado fundamental: la Medio Ambiente. La otra española directora general es Genoveva Ruiz Calavera, al frente de la dirección general de Interpretación.

Con Calleja y con Gallego Torres, todo el frente jurídico y de materia judicial está cubierto por españoles. Aunque durante el desempeño de sus funciones deben defender los intereses europeos, y no españoles, a nadie se escapa que tener pesos pesados de la Comisión ayuda a que la visión nacional sobre los distintos temas se vaya filtrando y posando en Bruselas. Los acontecimientos de 2017, con el referéndum ilegal de independencia y todos los capítulos que le siguieron, fue una demostración de la importancia que puede tener para un país tener personas en los lugares adecuados a los que se les escuche y se les tenga en cuenta. La política de los pasillos en Bruselas es más importante de lo que se suele imaginar.

Daniel Calleja, español al frente de los Servicios Jurídicos de la Comisión Europea. (EFE)

La pérdida de Romero fue la última de una serie de salidas en los últimos años que han dejado a España muy infrarrepresentada en la cúpula de la Comisión. En 2018 abandonó el Ejecutivo comunitario Xavier Prats Monné, que desde 2018 había sido Director General de Salud y Seguridad Alimentaria. El mismo año que Prats Monné salió del Ejecutivo comunitario lo abandonó una cara muy conocida para todos los españoles: Nadia Calviño.

La actual vicepresidenta económica era directora general de Presupuestos cuando Pedro Sánchez la reclutó para el Gobierno tras la moción de censura de 2018. De hecho, como ahora Gallego Torres, Calviño fue una “paracaidista”, llegada directamente desde el ministerio de Economía, aunque no para ser directora general directamente, sino que comenzó como directora general adjunta de Competencia.

Además, España también ha perdido cargos intermedios, que son muy relevantes y en los que se había concentrado la estrategia del Gobierno de Mariano Rajoy durante su Gobierno, una época en la que la gestión de la crisis no dejaba a Madrid mucho capital político que invertir en colocar a españoles en direcciones generales. En 2020 España perdió a dos directores generales adjuntos de Competencia: Cecilio Madero Villarejo y Carles Esteva Mosso. Con el nombramiento de Gallego Torres España vuelve a tener tres representantes en la cúpula de la Comisión Europea, el mismo número con el que contaba cuando Sánchez llegó a Moncloa.

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