La causa abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos del que habría sido víctima la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, inicialmente centrada en comunicaciones internas en la Fiscalía, ha dado un giro inesperado que salpica directamente al Gobierno, por la presunta utilización política de los e-mails en los que el empresario asume la comisión de hasta dos delitos fiscales. Esta nueva derivada y el informe aún pendiente de entregar por la Guardia Civil sobre el registro realizado en el despacho de Álvaro García Ortiz serán claves para que la causa escale y pueda llegar incluso a imputaciones en Moncloa.

El punto de arranque se encuentra en la decisión del ya exlíder de los socialistas madrileños Juan Lobato de llevar ante un notario la conversación por WhatsApp que mantuvo la mañana del pasado 14 de marzo con Pilar Sánchez Acera, asesora del actual ministro y entonces jefe de gabinete de presidente del Gobierno, Óscar López. 

El primer mensaje aportado al acta notarial es un pantallazo con el correo electrónico en el que la defensa del novio de Ayuso, Alberto González Amador, ofrece un pacto a la Fiscalía para evitar llegar a juicio. El documento llega al móvil de Lobato a las 8.29 horas seguido del siguiente mensaje: “cuidado con los datos personales.

A partir de ahí se desarrolla una conversación en la que Sánchez Acera le pide que utilice el correo para atacar a Díaz Ayuso durante la sesión de control en la Asamblea y el entonces portavoz socialista expresa sus dudas sobre el origen del documento y quiere saber si ya ha sido publicado por los medios de comunicación: “porque si no parece que me lo ha dado la Fiscalía”.

Conversación incompleta

De hecho, la investigación judicial va ahora dirigida a aclarar dicho extremo: si el correo de la defensa de González Amadaro fue recogido de los medios de comunicación que ya lo habían publicado o pudo estar en poder de la asesora del Gobierno como fruto de una filtración desde Fiscalía. 

Durante la comparecencia este viernes de Lobato ante el juez, la acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) advirtió de algunas incongruencias en el contenido del acta notarial que harían recomendable cotejar los pantallazos que obraban en dicho escrito con el contenido del móvil de Lobato.

Según expresó en la sala el abogado y fiscal en excedencia Juan Antonio Frago, en representación de APIF, la conversación aportada no está completa, ya que se inicia con pantallazo del documento, pero no es posible conocer si Lobato y Sánchez Acera intercambiaron mensajes con anterioridad a dicho envío. Además, las capturas incluidas en el acta notarial no siguen un orden cronológico. Por esta razón instó al juez a que reclamase la entrega del teléfono, lo que Hurtado hizo tras concluir la ronda de preguntas sin que el exdirigente pusiera objeción alguna.

Del resultado del volcado del teléfono móvil de Lobato por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de lo que señale el informe aún pendiente de entregar sobre lo recogido en los dispositivos del fiscal general dependerá el futuro más inmediato de la causa. Según las acusaciones, si el juez Hurtado no ha citado ya a Sánchez Acera –como testigo o en calidad de investigada, tal y como han reclamado ya Manos Limpias y el Colegio de la Abogacía de Madrid– es porque previsiblemente prefiere esperar a conocer el resultado de ambas diligencias antes de adoptar ninguna decisión.

Por el momento, lo que se conoce es que Lobato, el primero que comparece ante el juez en el marco de esta instrucción, mantiene su condición de testigo. Tras permanecer durante una hora y media ante el juez y el resto de partes, se le indicó que tras el volcado de su teléfono por parte de los especialistas de la policía judicial podría volver para recuperarlo.

En el teléfono de Lobato consta que a las 8.29 del pasado 14 de marzo el entonces líder del PSOE en Madrid recibe por mensaje de WhatsApp desde el dispositivo de la asesora del Gobierno el documento que la defensa de González Amador había enviado varias semanas antes a una dirección genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, ofreciendo pactar. Dicho correo no fue publicado de forma íntegra hasta las 9.06 horas por El Plural.

Seguidamente, Sánchez Acera comenta que tenga cuidado con los datos personales y que la utilice en la Asamblea de Madrid de ese mismo día con la pregunta: “¿Quién miente señora Ayuso, usted o su novio? Parece que usted”. “La imagen es potente”, le comenta.

“La tienen los medios”.

Lobato responde a la entonces jefa de gabinete de Óscar López, responsable a la vez de gabinete del presidente del Gobierno, que la pregunta se la realizaría en la Asamblea a las 11 de la mañana y ésta le replica que a esa hora “ya habrá salido todo el mundo con ella”. Lobato duda y pregunta que de dónde sale la carta de la defensa del empresario, su interlocutora le responde a las 8.42 que “porque llega, la tienen los medios”.

Lobato le dice expresamente a las 8.44 a su interlocutora que si no lo han publicado aún “va a parecer” que se la ha facilitado la Fiscalía, ante lo que ella le responde que le avisará cuando se publique. Según los pantallazos aportados en el notario, hasta las 9.36 no le reenvía el enlace con la noticia de El Plural publicada que había sido publicada las 9.06 horas, que también se aporta al acta notarial: “Ya esta”, le indica. Finalmente, Lobato exhibió el correo en la sesión de control de la Asamblea madrileña.

Enlace de origen : Cerco a Moncloa por el novio de Ayuso: el Supremo, pendiente del volcado del móvil de Lobato y del informe de la UCO para escalar la causa