El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, trasladará al pleno su preocupación ante la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla de negarse a ejecutar la sentencia de los ERE dictada por la corte de garantías, a la que se ha sumado otra, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sobre laudos arbitrales, porque será a este órgano al que corresponderá decidir el próximo paso a dar para evitar el incumplimiento de sus resoluciones con el argumento de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Fuentes jurídicas señalan a este diario que Conde-Pumpido comunicó este lunes a la Sala Primera su determinación de encargar a un equipo de letrados del Constitucional un informe sobre los pasos más convenientes a dar ante la decisión de no cumplir sus sentencias en vez de proceder a ejecutarlas. Las Audiencia de Sevilla ha alegado que las sentencias dictadas por el Constitucional en relación con los ERE, por las que se anuló la condena de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñan, invadía competencias del Tribunal Supremo e incumplía el derecho de la Unión, por lo que ha iniciado el trámite para elevar una cuestión prejudicial.
Se trata de una situación “inédita” en España consultar al TJUE en relación con la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional, cuya ley reguladora prevé la anulación de resoluciones que no acaten sus fallos. Otra fórmula podría ser el de la ejecución de sentencia, que se utilizó en buena medida para tratar de frenar el ‘procés’ independentista, al entenderse que las decisiones y pasos que daba el indepentismo incumplían resoluciones anteriores del propio TC, lo que suponía también su anulación.
Solo desde ciertos países, como República Checa y Rumanía, se han planteado cuestiones prejudiciales frente a decisiones de otros tribunales nacionales. Tradicionalmente el TJUE ha dado mucho margen a los jueces nacionales a la hora de elevar sus dudas sobre la aplicación de una ley a la hora dictar su propia sentencia. Plantear una cuestión prejudicial supone la paralización del procedimiento que tiene entre manos, como hizo el Tribunal de Cuentas con la sentencia sobre la responsabilidad contable del 1-O y la acción exterior del Govern.
Aunque Conde-Pumpido planteara el próximo paso a la Sección Primera, que también preside, cualquier solución a esta falta de incumplimiento debe ser acordada por el pleno, por lo que procederá a trasladarlo al pleno, al que comunicará su decisión de solicitar informes para determinar el paso a seguir.
Enlace de origen : Conde-Pumpido reacciona ante la resistencia a cumplir sentencias del TC a través de la justicia europea