La paciente, una mujer de 35 años con antecedentes obstétricos de varios abortos (uno de ellos con feto malformado), se quedó de nuevo embarazada en noviembre de 2018, una gestación que fue seguida por los profesionales de la Arrixaca. En la semana 15 los ginecólogos les dijeron a los padres que el feto tenía un onfalocele y una arteria umbilical única (AUU), diagnósticos que según los especialistas no planteaba el menor problema para el niño. “Pero aunque eso era cierto, se trataba de una verdad a medias: el onfalocele era pequeño y se resolvería con cirugía, y la AUU por sí misma no comportaría mayor complicación. El problema grave es que esos hallazgos van asociados estadísticamente a un alto riesgo de graves anomalías en el feto que no se pueden diagnosticar durante la gestación, y de eso no se le dijo nada a los padres”, según explica el letrado.

El embarazo siguió adelante y el niño nació, pero a medida que fue evolucionando se le diagnosticó un síndrome genético llamado de Beckwith Wiedemann, del que por suerte está afectado de manera limitada.

La clave del caso, según el abogado del Defensor del Paciente, “es que a los padres se les privó de su derecho a la interrupción legal del embarazo conforme al art. 15 b) de la L.O. 2/2010, que para antes de la semana 22 de gestación no exige, como pretendió en el juicio la parte demandada, que se diagnostiquen prenatalmente graves anomalías sino el riesgo de graves anomalías, lo que en este supuesto era claro y de hecho se acabó materializando con un síndrome que, afortunadamente en el caso del hijo de los actores, no le ha afectado a su capacidad mental, sino sobre todo a problemas motores“.

La propia sentencia recoge que aunque el diagnóstico “en principio podía no justificar la interrupción voluntaria del embarazo, sí era en su conjunto signos o indicadores de un riesgo de patología grave, en este caso concreto del Síndrome Beckwith- Biedermann, según se recoge en los distintos informes médicos. Partiendo de lo anterior, sí se dice en la demanda que se desatendieron los hallazgos malformativos, y aunque se menciona la agenesia renal y la hipospadias, sí se había comprobado el onfalocele y la arteria umbilical única antes de la semana 22. Estos hallazgos debieron orientar el diagnóstico de presunción de alguna enfermedad genética cuyo alcance era imposible prever -como efectivamente sucedió- lo que obligaba al servicio médico a ponerlo en conocimiento de los padres para que manifestaran si deseaban optar por interrumpir el embarazo, máxime en un caso en que ya había antecedentes de varias gestaciones con problemas”.

El mismo texto del TSJ señala que “al menos, debían los padres conocer la posibilidad real de que su hijo la sufriera y optar, en su caso, por interrumpir la gestación, sin perjuicio de lo que se hubiera decidido en su caso en el procedimiento previsto en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”.

Ignacio Martínez explica que como en todo caso de nacimiento no deseado, la indemnización, aparte de paliar el daño moral por estos hechos, tiene por objeto atender los gastos patrimoniales incrementados que conlleva la crianza de un niño con problemas motores.