La libre circulación de las personas por caminos públicos en España está encontrando cada vez más dificultades. Ir de excursión a través de estos caminos y cañadas, trasladarse con fines agrícolas o el transporte de ganado son derechos que se están viendo cercenados por la progresiva privatización o restricción de acceso, debido a nuevas normativas que limitan su uso. Así lo ha denunciado la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, que asegura que varias comunidades autónomas ponen cada vez más dificultades para poder andar por la naturaleza
“En estos momentos en que cada vez más la ciudadanía busca realizar las actividades en la naturaleza, con miles de personas haciendo senderismo, ciclismo y otras actividades para disfrutar del medio ambiente, asistimos a una ofensiva de algunas comunidades autónomas, de la mano de grupos de presión como los dueños de fincas cinegéticas, para cerrar los caminos y de intereses urbanísticos o industriales para asfaltarlos, convertirlas en carreteras o eliminarlos ocupándolos por plantas solares”, señala esta plataforma en un comunicado.
En las XVI Jornadas en Defensa de los Caminos Públicos y la Vías Pecuarias, celebradas la semana pasada en Sigüenza (Guadalajara), la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos ha constatado que “se están intentando aprobar distintas leyes por parte de algunas comunidades autónomas que buscan menoscabar la importancia de las vías pecuarias como espacios de uso para el disfrute de la naturaleza”.
“Asistimos a una ofensiva de algunas comunidades autónomas, de la mano de grupos de presión, como dueños de fincas cinegéticas, para cerrar los caminos”
Es el caso, según denuncian de la Comunidad de Castilla-La Mancha, que con la modificación de la Ley de Caza da vía libre a la caza en caminos públicos y vías pecuarias, “hecho que está prohibido desde la Ley de Caza de 1971”. Esta modificación, recuerda el colectivo, está cuestionada desde el Gobierno por su posible inconstitucionalidad.
Por otra parte, la Comunidad de Madrid, en su modificación de la Ley de Vías Pecuarias, contempla el asfaltado de todas aquellas vías pecuarias que se estime conveniente, “transformando estos caminos naturales en carreteras, además de permitir su uso para acometidas de servicios públicos sin trámites de audiencia”.
Del mismo modo, la expansión de los campos fotovoltaicos en suelo rústico impulsa la privatización o eliminación de vías de uso público. La proliferación de plantas de energía solar “también se convierte en otra forma de borrar los caminos públicos, utilizando concesiones por 35 años que impiden el paso por los caminos, sin dar alternativas”, según explica la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos.
Sin inventario de caminos públicos aprobado
Mientras todo esto sucede, el colectivo lamenta “la falta de avances en cuanto al inventario y recuperación de caminos públicos”, llegando al punto de que en lugares como Guadalajara o Andalucía la gran mayoría de los municipios desconoce cuáles son sus caminos públicos, permitiendo que puedan ser cerrados, afirma el colectivo.
“Se necesita en estos casos la intervención de Comunidades Autónomas, siguiendo los ejemplos de Extremadura y Baleares, promulgando leyes de caminos públicos, cuestión que se ha planteado en la Comunidad de Madrid, siendo denegada por su Gobierno, y de las diputaciones, para que realicen los inventarios de vías pecuarias, ya que los pequeños ayuntamientos no tienen capacidad de hacerlo”.
También destacan el caso concreto de la ocupación, desde hace 18 años, del antiguo pueblo de Villaescusa de Palositos (Cuenca), sin que ayuntamiento de Peralveche y la Junta de Castilla-la Mancha haya tomado medidas para impedirla.
En cambio, otras intervenciones ponen de manifiesto que, “cuando ayuntamientos o ciudadanos toman la iniciativa y emprenden las medidas necesarias para proteger o abrir los caminos, sí se puede y se tiene éxito”, como en Mochales (Guadalajara), o El Escorial (Madrid). “Por desgracia cuando no hay voluntad o medios de los ayuntamientos esto es muy difícil”, concluyen.
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Enlace de origen : Denuncian la progresiva modificación de leyes para privatizar caminos públicos en España