Para unos, el de Algeciras será el modelo de CIE del futuro. El más humanitario, según el Ayuntamiento. Para otros, una cárcel racista para personas sin papeles que no han cometido ningún delito. “Un auténtico Guantánamo”, sostuvo el europarlamentario de izquierdas, Miguel Urbán, en una visita a las obras la pasada primavera. Fuentes del Ministerio del Interior, de quién dependen estas infraestructuras, ha confirmado a El Correo de Andalucía, del grupo Prensa Ibérica, que el nuevo centro de internamiento de extranjeros abrirá sus puertas en el segundo trimestre de este año.
Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son edificios públicos no penitenciarios, pero gestionados por la policía, donde ingresan a personas que se encuentran en España en situación administrativa irregular. Es una medida cautelar, orden directa de un juez.
Datos clave del nuevo CIE de Algeciras
En España existen en la actualidad ocho centros de este tipo. Una vez inaugurado, será el más grande del país (500 plazas). También, uno de los que contarán con mayor capacidad de la UE. Su puesta en funcionamiento, no obstante, será progresiva: primero debe entregarse en custodia a la Policía Nacional, para posteriormente ir trasladando a las 27 personas internas en el actual centro de la localidad gaditana, la antigua cárcel de La Piñera reconvertida en CIE.
Esta es la panorámica del nuevo macrocomplejo de Algeciras: Más de 22 millones de inversión procedentes del Fondo Europeo de Migración y Asilo. 20.000 m², siete edificios residenciales, quedan atrás los barracones y, por primera vez, habrá habitaciones dobles con baño propio. Zona de visitas y entrevistas con abogados, espacios para el trabajo de servicios sociales y ONG, equipamientos deportivos y áreas de recreo.
La obra de este CIE, incluida ya en 2012 en las previsiones presupuestarias tanto del Gobierno como de la UE, ha sufrido diversos retrasos hasta que el Consejo de Ministro autorizara las obras en 2020, tras la cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento de Algeciras dos años antes. La primera piedra se puso en mayo de 2021.
El proyecto, publicado en la web de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), describe un supercomplejo centrado en el bienestar de los internos y el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Un nuevo modelo de CIE para Europa
El ministro Grande-Marlaka ha defendido todo este tiempo que se tratará de un nuevo modelo de centro adaptado a las exigencias de los jueces de control y del Defensor del Pueblo, cuyas recomendaciones o denuncias relacionadas con los CIE en España son frecuentes.
Un nuevo sistema en que se tienen en cuenta el sexo, la edad, la cultura, la confesión, los antecedentes penales, el nivel de conflictividad las personas internas o las distintas situaciones de vulnerabilidad que presenten. Desde Interior siempre se ha sostenido que el objetivo principal en el que trabaja el Gobierno, en este ámbito, es el de ofrecer a las personas migrantes un CIE con unas condiciones de habitabilidad adecuadas, un espacio digno.
El alcalde de Algeciras, por su parte, abunda en las mejoras del nuevo centro de internamiento: “cuando nació el proyecto se estableció que sería el centro de estas características más moderno de toda Europa, y que serviría como ejemplo para los que se construyesen posteriormente, tanto en España como en otros países europeos”.
Según Landaluce,” es uno de los pocos que no han sido implantados sobre viejas prisiones en desuso, antiguas comisarías o cuarteles cerrados, como ha sido hasta ahora la tónica habitual”. Algo muy criticado por las ONG, que consideran que induce a criminalizar aún más a las personas migrantes y la visión sobre estos centros.
Un nuevo modelo de centro adaptado a las exigencias de los jueces de control y del Defensor del Pueblo
En torno a estos centros se dan varias paradojas. Por un lado, un buen número las personas retenidas no han cometido un delito, sino una falta administrativa, como es no tener permisos de residencia o trabajo en regla. Es cierto que algunos de los internos pueden tener antecedentes penales anteriores, pero ese no es el motivo de su ingreso en estos centros, sino su situación irregular.
Por otro, según la normativa española al respecto (Real Decreto 162/2014 de 14 de marzo), estos extranjeros pueden permanecer privados de libertad durante un máximo de 60 días, con el objetivo de materializar su expulsión a su país de origen. Si en ese tiempo no han sido devueltas, quedan en libertad. A pesar de que la retención se realiza para expulsarlos del país, más de la mitad de personas encerradas en los CIE finalmente no son expulsadas, según datos del Defensor del Pueblo.
La última: los CIE no están pensados como un mecanismo de gestión de llegadas ante posibles repuntes en las costas andaluzas o canarias, por lo que las diferentes fuentes consultadas por este diario del ámbito de las organizaciones sociales no se explican qué efectividad tendrá el ingente volumen de plazas del nuevo CIE de Algeciras.
Las cifras de detenciones y repatriaciones caen en picado
- Las cifras de inversión millonarias y la capacidad de este equipamiento contrastan con los datos de ingresos y retornos a sus países de origen desde estos centros. El Informe CIE 2022, del Servicio Jesuíta de Migrantes (SJME), recoge que en 2009 ingresaron en un CIE en España 17.200 personas, frente a las algo más de 2.000 del año 2022. Si bien es cierto que durante los últimos años se han acometido obras de mejora de algunos de los CIE en el resto de España, por lo que ha habido cierres temporales.
- Este estudio, de referencia en el ámbito, recoge que el actual CIE de Algeciras (60 plazas) albergó ese año a 291 extranjeros. El porcentaje de repatriaciones forzosas no alcanzó ni el 5%, por lo que estas personas volvieron a la calle. El tiempo de estancia media en Algeciras fue de 22 días.
Del optimismo del Ayuntamiento a la oposición frontal de las ONG
Es indudable que al nuevo CIE de Algeciras (Cádiz) le acompaña la controversia y cuenta con la oposición frontal de los movimientos sociales, las entidades defensoras de derechos humanos y muchos juristas. A pesar del optimismo del Ayuntamiento por la promesa de creación empleo (supondrá 300 nuevos puestos de trabajo), para las organizaciones sociales que trabajan allí estas instalaciones no tienen razón de ser.
Estas entidades tildan la obra de “antieconómica” y con los datos en la mano no entienden la necesidad de un centro tan grande y que haya costado tanto dinero. Desde Algeciras Acoge, por ejemplo, inciden en la situación de abandono en el ámbito de inversión pública de la comarca. Más allá de avanzar en la idea tan simbólica de la Europa Fortaleza, una UE que blinda su frontera sur con centros de detención y vallas gigantes, externalización de la gestión fronteriza a terceros países como Marruecos, Túnez o Turquía y control policial.
A este respecto, el coordinador de la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Diego Boza, también profesor de Derecho Penal, explica que: “La expulsión es la apuesta política de la UE, por encima de la acogida. Sin embargo, los procedimientos son complejos y lentos, y cuando se completan los trámites, ya ha pasado en algunos casos el plazo por ley de internamiento”.
Sobre el perfil de los internos en Algeciras, Andrés De la Peña, del equipo que entra en el centro de APDHA, describe distintos casos, “En el CIE de Algeciras el tipo de persona ha variado en función de las relaciones diplomáticas con los países del norte de África“, afirma.
Protesta de organizaciones sociales por la apertura de un nuevo CIE de Algeciras. / APDHA
El Defensor del Pueblo destaca las deficiencias del CIE de la Piñera en su última visita
APDHA, SJME, o Algeciras Acoge son entidades que, pese a que rechazan la existencia de los CIE, trabajan en el terreno y visitan periódicamente el centro de la ciudad gaditana. Forman parte, asimismo de la campaña CIE NO Cádiz. Entre otras cuestiones, alertan de que el CIE de Algeciras ha sido y sigue siendo uno de los centros que más denuncias acumula por parte de diferentes entidades públicas y privadas.
El actual CIE de Algeciras, situado en el barrio de la Piñera, cuenta con un reguero de resoluciones sobre sus carencias. Tanto el Defensor del Pueblo como la Fiscalía General del Estado han solicitado expresamente varias veces su cierre definitivo, debido al estado lamentable e irrecuperable de sus instalaciones. Ángel Gabilondo pidió en el Congreso la creación de un protocolo de actuación frente a los posibles casos de malos tratos o agresiones para todos los centros.
El último pronunciamiento sobre el CIE de La Piñera es una queja de diciembre de 2023. En ella, el Defensor del Pueblo, en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, pone de manifiesto deficiencias sobre la garantía de los derechos de las personas internas en el CIE.
Esta misma semana se han conocido denuncias por agresiones a extranjeros internados en el CIE de Madrid. Por todo esto, estas organizaciones sociales han dado la voz de alarma recurrentemente sobre las condiciones del centro, la falta de transparencia, el internamiento de menores, personas potenciales solicitantes de protección internacional, o en situaciones especialmente vulnerables.
¿Por qué se construye otro CIE en Algeciras? ¿No hay alternativa?
Esto es una cuestión simbólica. Un mensaje a quiénes pretenden llegar. Hay mucho de doble discurso, a los de aquí se les dice: no es preocupéis, los estamos vigilando.
El alcalde Algeciras admite que “el CIE de La Piñera no reúne las más mínimas condiciones para que las personas que son ya allí acogidos estén entre sus muros, y también para los agentes del Cuerpo Nacional de Policía encargados de su custodia”. Lanzaluce justifica esta construcción por la condición de la ciudad encrucijada geográfica, por lo que considera que “se necesitaba de la dotación de medios necesarios para que este servicio pueda ser prestado con absolutas garantías”.
Diego Boza, asimismo, recalca que es una medida “disuasoria”, pensada para tranquilizar a la población y contentar a las instituciones europeas, que apuestan por la política de expulsiones. “Esto es una cuestión simbólica. Un mensaje a quiénes pretenden llegar. Es decirles: esto es lo que os espera”, asegura Boza. “Hay mucho de doble discurso, a los de aquí se les dice: no es preocupéis, los estamos vigilando”.
Por último, De la Peña asegura que en la ley ya prevé una serie de medidas alternativas al internamiento en el CIE: “contempla la presentación periódica ante las autoridades competentes, la residencia obligatoria en determinado lugar o la retirada del pasaporte o documento acreditativo de su nacionalidad”. Además, considera que “en este ámbito parece adecuado plantearse la conveniencia de utilizar mecanismos electrónicos de geolocalización”.
Enlace de origen : Diez años y 22 millones de euros después, Algeciras tendrá el CIE más grande de España