Tal y como informó en la polémica rueda de prensa conjunta con su sucesor, el concejal de Planificación Urbanística, Antonio Navarro (PP), Guerrero ordenó que se ejecutara dicha orden en octubre de 2022 a los técnicos del Ayuntamiento, pero el inspector de actividades sobre el que recayó el trabajo no llegó a más que hacer una llamada telefónica o a enviar un correo electrónico.

En un escueto informe, este funcionario explica que dio por buenas las razones esgrimidas por la empresa, que le informó de que Teatre se encontraba en pleno proceso de legalización y, por tanto, no ejecutó el cierre del establecimiento, que siguió abriendo con normalidad hasta el domingo pasado, cuando se produjo un incendio que le costó la vida a trece personas.

Cabe recordar en este punto que las víctimas mortales se encontraron en la primera planta del local Fonda Milagros, anexo a Teatre y separado por una pared de pladur, que no existía «administrativamente» para el Ayuntamiento porque este nunca aprobó la partición de la discoteca Teatre en dos. Ambos establecimientos operaban ante el Consistorio bajo la empresa Teatre S.L., siendo para las autoridades una única discoteca.

El informe del inspector municipal de hace doce meses es el último documento relativo a Teatre que alberga la Corporación.

Investigación interna

La vicealcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, manifestó ayer en TVE que el equipo de Gobierno se quedó «consternado» al conocer que las discotecas operaban sin licencia y que habían incumplido el decreto de cese y de cierre.

Además, dijo que no entendieron «cómo no continuó esa trazabilidad del expediente. No sabemos por qué no se dio esa orden de cierre y de precinto, tal y como estaba establecido en el decreto que firmó el concejal de entonces, Andrés Guerrero».

«Estamos recabando toda información para ver qué falló, qué ocurrió con los mecanismos que tienen que articular el propio Ayuntamiento para controlar y fiscalizar que esa orden de cese se lleva a buen término, algo que no sucedió», añadió.

No obstante, afirmó que con estas afirmaciones el Ayuntamiento no se exime de responsabilidad. «En el momento que supimos de los hechos, lo primero que hicimos fue acudir a la Ciudad de la Justicia para hablar con el magistrado que está instruyendo el caso, ponernos a su disposición y facilitarle toda la información. En segundo lugar, informamos a los medios de comunicación, a los ciudadanos y a las familias de las víctimas a través de una comparecencia pública. Y, seguidamente, el alcalde Ballesta ordenó investigar de manera interna para saber qué había sucedido y por qué habían fallado los mecanismos del Ayuntamiento. Indudablemente hay una responsabilidad y se van a depurar responsabilidades», sentenció. Está por ver si las consecuencias de mala praxis la paga el anterior equipo de Gobierno socialista o el actual.

En la misma línea se manifestó la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia, Pilar Torres, también en la televisión pública: «Vamos a llegar hasta donde haga falta; le duela a quien le duela y tenga las consecuencias que tenga, por supuesto».

Inspección sanitaria

Para rizar el rizo, ayer se conoció que Teatre, sin licencia y con una orden de cese y de cierre encima, superó satisfactoriamente una inspección municipal sanitaria en marzo de 2023, lo cual corrobora que «todo el mundo sabía que el local funcionaba», explicó ayer María Dolores Abellán, que ejerce estos días como portavoz de Teatre.

Puede que la orden de cierre no hubiera sido ejecutada por el inspector, pero lo que es seguro es que la mercantil no contaba con licencia desde que fue revocada.

El PSOE de Murcia, partido que gobernaba el Consistorio en marzo de 2023, respondió en un comunicado que la inspección se hizo a instancias del servicio de Disciplina de Actividades (Urbanismo) y es uno más de los preceptivos para que los establecimientos consigan la licencia de apertura, por lo que se hace cuando el establecimiento no está con actividad.