La Junta de Andalucía emitió el pasado abril una declaración ambiental favorable pero condicionada a lo que dijera el Gobierno de la nación, que ya avanzó que iba a rechazar el proyecto. No es la primera vez que el Ministerio se pronuncia sobre este desarrollo urbanístico que dos promotores distintos, ambos con capital suizo, están intentando construir desde 2003. En 2015, el entonces Gobierno de Mariano Rajoy sí que emitió un informe favorable a unas obras que ahora se frenan en seco.

El informe de la CHG, que está colgado en la web del Ministerio, señala que la zona donde se pretende ubicar este proyecto es inundable. “Cualquier administración o usuario, de manera pública y abierta, puede visualizar los estudios de cartografía de zonas inundables, elaborados por el Ministerio y aquellos que han aportado las Comunidades Autónomas, siendo por tanto accesible a la administración con competencias en materia de ordenación del territorio, en este caso la Comunidad Autónoma, que pudo consultarla desde septiembre de 2015”, reprocha de forma velada la Confederación a la Junta.

El órgano de aguas cita también el “Estudio sobre cambio climático en la costa española” para advertir de que es una zona especialmente vulnerable porque “el estuario del Guadalquivir, dado su tamaño y la orografía llana de su desembocadura, para un aumento del nivel del mar de 2 metros, podría perder de forma irreversible 11.000 hectáreas de humedal”. “Gracias a que presenta una buena conservación natural (sólo el 10% de su perímetro está urbanizado), la superficie perdida no es aún mayor”, advierte para pronunciarse contra el ladrillo en esta ubicación.

No hay agua

El otro puntal sobre el que descansa el rechazo del Gobierno al proyecto es la falta de agua. “El presente informe toma sentido desfavorable, por no estar acreditada la disponibilidad de los recursos hídricos necesarios” para la modificación del PGOU de Trebujena, “dado que las masas de agua existentes en la zona no pueden utilizarse como fuente de recurso y aún no existe concesión vigente que depende de la aprobación del trasvase”, advierte el documento. “Así mismo no existen en la actualidad las estaciones depuradoras de aguas residuales de las que se pretende reutilizar las aguas residuales regeneradas”, puntualiza.

La modificación del plan general de ordenación urbana (PGOU) de Trebujena “prevé satisfacer la demanda en su mayor parte con los recursos hídricos procedentes de la cuenca del Guadalete-Barbate que gestiona la Comunidad Autónoma Andaluza” y “una mínima parte procede de agua de los caños y pluviales, que corresponden a la cuenca del Guadalquivir y, por tanto, su gestión corresponde a esta Confederación”, subraya el Gobierno.

La urbanización diseñada es dos veces más grande que el pueblo que lo alberga, Trebujena (Cádiz), consume más agua que el municipio y está a cinco kilómetros del mismo. El proyecto urbanístico señala que consumiría 850.000 metros cúbicos de agua, incluyendo el campo de golf, las zonas regables ajardinadas y la propia urbanización, con 300 villas y un hotel. La maqueta muestra lagos artificiales de agua dulce y un frondoso campo de golf a apenas dos kilómetros de fincas de cultivo que sufren restricciones de agua. El complejo urbanístico gastaría más agua que todo Trebujena, con un consumo de 800.000 metros cúbicos y con una población de 7.010 personas.

La Junta sí lo autorizó

Los promotores aseguran que la mayoría del agua no será potable sino procedente de agua de lluvias y reutilizada. El problema es que Trebujena, el municipio con menos precipitaciones -según la Aemet- de toda la provincia de Cádiz, ni siquiera tiene depuradora. La declaración ambiental favorable firmada por la Junta de Andalucía señala con claridad que habría que construir esa depuradora como alternativa. Se plantea regar el campo de golf con agua reutilizada de una depuradora que no existe.

El Gobierno andaluz asegura que requirió su pronunciamiento a la Confederación del Guadalquivir en tres ocasiones, el 3 de febrero de 2020, 28 de junio de 2021 y el 9 de septiembre de 2022. Ahora es cuando el Gobierno emite su informe.

La Junta de Andalucía sí se pronunció asegurando que hay agua suficiente para el complejo urbanístico pese a la sequía que castiga a la cuenca del Guadalquivir: “Teniendo en cuenta que la demanda para el horizonte 2027 se encuentra por debajo de las estimaciones de la Planificación Hidrológica y que la dotación del consumo actual y del crecimiento no superan los 250 litros por habitante y día asignados por la planificación hidrológica para el municipio de Trebujena, se informa la disponibilidad de recursos hídricos en los términos planteados”.

Moreno culpa a PSOE e IU

En plena pugna entre el Gobierno y la Junta por la tramitación de una proposición de ley en el Parlamento andaluz, con apoyo de PP y Vox, que da vía libre a más hectáreas de regadíos en la corona norte del Parque Nacional de Doñana, este proyecto urbanístico ha vuelto a elevar el enfrentamientos entre el presidente Juan Manuel Moreno y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Moreno culpó a IU y PSOE de estar detrás del expediente de estas villas frente a Doñana. Fue un alcalde de IU el que firmó con los promotores, ingresó en el ayuntamiento 1,5 millones de euros por el convenio urbanístico y tramitó la modificación del PGOU para recalificar los suelos y pasarlos de rústicos a urbanizables. El expediente llegó a la Junta en 2009, cuando el actual líder del PSOE-A, Juan Espadas, era el consejero competente en la materia y desde entonces se comenzó a tramitar. El actual Gobierno del PP le dio su visto bueno con una Declaración Ambiental Estratégica favorable emitida el pasado 12 de abril y luego aclaró que estaría condicionado a lo que dijera la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que rechaza el proyecto. No se sabe si ese informe podrá punto y final al desarrollo urbanístico en Trebujena 20 años más tarde.