El 31 de agosto del año pasado, la Junta de Extremadura que preside el socialista Guillermo Fernández Vara aprobó una norma autonómica para regular el aprovechamiento de las minas de litio de la comunidad que garantiza “que las reservas de litio (extremeñas) se exploten, en todo su ciclo, dentro de su territorio”.

El objetivo de la norma es que el beneficio industrial se quede en la región. En términos prácticos significa que el mineral disponible en Extremadura -donde están las minas de litio más grandes de toda la Unión Europea– solo se podrá utilizar para producir baterías en fábricas ubicadas en esta comunidad. Una suerte de proteccionismo regional al que el Gobierno central se opone.

Según defiende el Ejecutivo en la referencia del Consejo de Ministros, reunión que se ha celebrado de forma extraordinaria para disolver las cortes tras la convocatoria de elecciones, las minas se configuran como dominio público y, dentro del dominio público, como dominio público natural, que pertenece “en todo caso” al Estado, al formar parte de la riqueza nacional. “La supeditación de su riqueza al territorio autonómico implica quiebra de las competencias estatales en materia de igualdad de derechos, legislación civil y bases en materia minera y energética, así como del principio de igualdad y del derecho de propiedad“, defiende el Ejecutivo.

Además, afirma que el establecimiento de una obligación al concesionario de que el tratamiento y beneficio del litio se realice en Extremadura supone una “vulneración de la competencia estatal en materia de planificación de la economía, así como con los principios de unidad de mercado, de libertad de empresa y libre competencia”.

Y añade que las concesiones mineras se rigen supletoriamente por la normativa de contratos del sector público y, por ello, el establecimiento de una obligación como tal al concesionario implica una vulneración de la competencia estatal en materia de contratación pública, al imponer una obligación que no guarda relación con el objeto del contrato. “Todo ello podría además vulnerar la normativa europea”, agrega.

Unos meses antes de que Fernández Vara aprobase esta norma, la líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, le preguntó si existía algún pacto oculto con la fábrica de baterías que Envision y Acciona han proyectado en Navalmoral de la Mata para que se abasteciera con el litio de Cáceres, pero el presidente de la Junta de Extremadura negó la mayor y aseguró que la fábrica no venía por las minas, sino “porque a esta tierra le ha llegado su hora”.

La Unión Europea prevé que en 2030 se necesitará hasta 18 veces más de litio y 5 veces más de cobalto, y en 2050 una cantidad casi 60 veces mayor de litio y 15 veces mayor de cobalto, en comparación con el suministro actual de la economía de la Unión en su conjunto, para las baterías de los vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía.