Una decisión que llega después de que las autoridades judiciales determinasen que el contrato era legal y estaba en vigor, lo que obliga al abono de las cuotas pendientes, cerca de unos 20.000 euros por año, más los intereses por parte del Concello.

Para dar cuenta de la sentencia, el edil Raimundo González explicó que “bajo nuestro punto de vista es un fracaso más de la política rastrera del PP, que hizo que se corrieran ríos de tinta por un contrato que supuestamente estaba vencido y por pagos irregulares”.

En ese sentido, indicó que era una sentencia “demoledora” para los populares, que habían llevado a los tribunales el pago de la factura en 2021 con denuncias por prevaricación y malversación contra el Concello.

González recordó que, tras esa denuncia de la oposición en Fiscalía, esta archivó la denuncia “pero dejó un matiz, al entender que el contrato estaba vencido y el Concello tenía que abstenerse de hacer el pago“, algo que, según el Concello, se hizo al no tramitar la factura del año 2021 y devolvérsela a los comuneros.

Fue entonces cuando la Comunidad de Montes de A Canicouva presenta su reclamación en el juzgado, tras argumentar que el contrato está vigente y la anualidad del 2021 debe ser abonada, a lo que el juez da la razón ahora.

“Esta resolución no deja de ser una enmienda a la totalidad de las manifestaciones hechas por el Partido Popular. Y ya que estamos próximos a las elecciones del domingo: ¿estos son los que pretenden gobernar? Pues son los que siembran la discordia, la marrullería y hacen una política rastrera que no debe tener cabida en las circunstancias actuales”, afirmó González, que concluyó asegurando que el proyecto de la planta de compostaje que se pretende impulsar en A Canicouva finalizará el plazo de presentación de ofertas para su licitación el próximo 6 de junio.