Dicho órgano es un organismo interno de LaLiga destinado a “gestionar la comercialización y explotación de los derechos audiovisuales respetando las normas estatutarias y reglamentarias”, según se refleja en sus estatutos. De él forman parte los dos clubes con más ingresos audiovisuales en los cinco últimos años (Madrid y Barça), dos clubes de Primera y uno de Segunda elegidos por el resto (Atlético, Osasuna y Ponferradina) y el presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien posee además el voto de calidad.

Demanda de Clifford Chance

La demanda civil formulada por los dos clubes fue admitida a trámite el pasado mes de febrero, como adelantó este periódico, y tiene que ver con tres reuniones celebradas por el citado órgano, del que Real Madrid y Barcelona son miembros con voz y voto, los días 12 marzo, 12 abril y 19 de mayo de 2022. La demanda fue presentada por Clifford Chance, el mismo bufete de abogados contratado por la Superliga.

En dichas reuniones, Tebas, presidente de LaLiga, les impidió participar en la deliberación y voto de varios puntos del orden del día. El motivo esgrimido para tomar esta decisión, que los clubes describen como “unilateral” e “ilegítima”, es un presunto conflicto de intereses para decidir sobre asuntos audiovisuales de la competición española, dada su participación en la Superliga europea.

Uno de los argumentos de ambos clubes para considerar ilegítimo su veto es que en ese órgano también participa el Atlético de Madrid, “uno de los clubes fundadores” de la Superliga y participante en la Champions, una competición que “ocupa una posición análoga” a la del torneo que impulsan Madrid y Barça junto a la Juventus. El Atlético participó con normalidad en las tres reuniones denunciadas.

Los argumentos de Barça y Madrid

Según se describe en la demanda, en septiembre de 2021 se celebró una reunión del Órgano de Control en la que Tebas ya esgrimió ese conflicto de intereses, si bien ni Real Madrid ni Barcelona fueron excluidos de la deliberación y voto de los puntos recogidos en el orden del día, participando con normalidad.

Entre octubre de 2021 y febrero de 2022, el órgano se reunió en otras cuatro ocasiones, en las que el presidente de LaLiga, apoyado en informes jurídicos de KPMG y Uría y Menéndez, volvió a poner sobre la mesa el conflicto de intereses, de nuevo sin que Madrid y Barça vieran restringidos sus derechos como miembros del mismo.

Todo cambia en la reunión del 1 de marzo, celebrada de manera telemática, y en la que el órgano iba a decidir sobre la comercialización de lotes televisivos secundarios en España (bares, partidos en abierto, Segunda División) y sobre la apertura de los procesos de venta de toda la competición en varios países de Asia y Oceanía.

Tebas comunicó a los representantes de Real Madrid y Barça que debían abandonar la sala para la deliberación y votación de tres puntos del orden del día, dado que en ellos “se dan datos estratégicos y muy importantes en el ámbito audiovisual que evidentemente sirven de información para el tema de la Superliga”. “Hay un claro conflicto de intereses, ya que son competiciones clarísimamente competidoras entre una y otra y aquí se está dando información que evidentemente sirve para la creación de esa Superliga en esa compañía mercantil”, argumentó el ejecutivo.

La RFEF de Rubiales, en contra

Los dos clubes se negaron a abandonar la reunión y no lo hicieron, pero no pudieron participar en la deliberación y participación de esos tres puntos. Según se refleja en la demanda, la RFEF, que tiene voz pero no voto en ese órgano (al igual que el CSD), está en desacuerdo con la existencia del conflicto de intereses esgrimido por Tebas.

Su entonces secretario general, Andreu Camps, calificó de “barbaridad” la decisión del presidente de LaLiga, en una reunión posterior, celebrada el 12 de abril de 2022, en la que los representantes de Madrid y Barça fueron expulsados de la videollamada de Zoom que acogía el cónclave durante dos de los puntos del orden del día. Lo mismo ocurrió en la reunión celebrada el 19 de mayo, según narran los clubes demandantes.

Un día después, Real Madrid y Barcelona presentaron la demanda conjunta que este lunes se dirimirá en el juzgado de primera instancia número 63 de Madrid, al entender que se ha visto vulnerado su “derecho fundamental de asociación”, solicitando también la “impugnación de acuerdos” tomados en dichas reuniones sin su voto.