“España nunca abandonará a América Latina, siempre será su puente con la Unión Europea”. Es una frase reciente de José Manuel Albares, ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, pero podría ser la de cualquiera de sus predecesores. Todos los Gobiernos españoles han presumido de su relación con Latinoamérica, pero para José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch, durante los últimos 25 años nuestro país ha hecho relativamente poco para la región, más allá de proteger sus inversiones y emitir mensajes de apoyo. “Hoy, bajo el actual Gobierno, España es invisible en América Latina”, afirma.
En entrevista con El Confidencial, el abogado chileno, que lleva más de 30 años dedicándose a la defensa de los derechos humanos en la región, habla sobre el papel que España y la Unión Europea deberían jugar en América Latina. Uno que, considera, tiene que ir “más allá de la retórica, más allá de los ‘tweets’”. También alerta sobre la ola de autoritarismo que ha sacudido a los países latinoamericanos, desde México hasta Brasil, y que amenaza con recrudecerse por la creciente desconfianza en las instituciones. “Va a costar probablemente décadas recuperar la credibilidad en el sistema democrático”, advierte Vivanco.
“España carece a menudo de medidas concretas más allá de la retórica, más allá de los ‘tweets’”.
PREGUNTA: Llevamos décadas escuchando hablar de cómo España es el puente entre Latinoamérica y la Unión Europea. Pero, ¿ha conseguido Madrid que a Bruselas le importe lo que ocurre en la región latinoamericana?
RESPUESTA: Yo creo que Latinoamérica le importa poco tanto a Europa como a España. El problema que tenemos es estructural. Para lograr que la UE tome una posición respecto a una temática de las que afectan a la región, no basta con tratar los temas bilateralmente con Berlín o París. La UE opta por el consenso, una posición común de todos los estados miembros. Y cuando se trata de asuntos de América Latina, la UE siempre mira hacia España. Se le reconoce una relación especial por el pasado colonial, y siempre se escucha primero lo que tiene que decir Madrid.
Pero España carece a menudo de medidas concretas más allá de la retórica, más allá de los ‘tweets’ del ministro José Manuel Albares, por bienvenidos que sean. Se requiere de un diseño estratégico en términos concretos, con recursos y apoyo de la Unión Europea, como mínimo para preservar la independencia del poder judicial en América Latina.
P: Afirmar que a España le importa poco Latinoamérica contradice todos los discursos diplomáticos oficiales, que suelen definir la relación entre el país y la región como una especial y de primera importancia
R: España da por sentada su relación con América Latina. No quiero usar términos peyorativos como el de “patio trasero”, pero lo cierto es que da por hecho que la región siempre va a estar ahí por la historia compartida. Lo que a España sí le ha importado siempre son sus inversiones en Latinoamérica, y lo que hacen sus Gobiernos siempre es preservarlas, defenderlas e incrementarlas.
El único momento de la historia reciente en el que a España le importó América Latina y se involucró directamente con ella, con protagonismo y un esfuerzo por comprender la realidad de la región, fue durante el Gobierno de Felipe González. Fue un líder de calibre mundial, alguien con una visión clara y que sigue siendo hoy en día muy respetado e influyente en la región. Hoy, bajo el actual Gobierno, España es invisible en América Latina. Y eso es un problema. Uno quisiera que España tuviera presencia, y no una meramente retórica o semántica para organizar cumbres o viajes, sino para diseñar proyectos y planes de acción con el apoyo de la Unión Europea. Sin eso, no llegamos muy lejos.
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P: El autoritarismo está en alza en Latinoamérica. Además de los casos extremos de Nicaragua, Cuba o Venezuela, hemos visto maniobras para erosionar o doblegar el poder judicial en Brasil, El Salvador, Honduras y Guatemala. También, aunque en menor medida, en el México de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué se está produciendo esta nueva ola autoritaria?
R: Porque, lamentablemente, la democracia no ha dado rendimientos aceptables para las grandes mayorías latinoamericanas. La práctica durante los últimos 30 años había sido la de la alternancia. Se elige a un nuevo Gobierno, este promete reducir la pobreza, reducir la inflación, mejorar la seguridad ciudadana… y los resultados suelen ser pobres o, directamente, peores que la situación inicial. Ante estas circunstancias, se emiten votos de castigo, se alterna otro Gobierno y vuelta a empezar. Entonces se solía decir que tal país había hecho un giro a la izquierda o a la derecha, pero no se tratan de virajes necesariamente ideológicos, sino bandazos propios del voto de castigo.
Hoy en día, hay un nivel de hartazgo muy fuerte y la alternancia no es suficiente. Se ha sufrido un deterioro de la confianza en el sistema democrático y esto crea las condiciones perfectas para el surgimiento de un caudillo. Alguien que no dice exactamente cómo lo va a lograr, pero que a cada uno le promete lo suyo: que va a subir el empleo, que va a generar riqueza, que va a eliminar la corrupción. Y cuando ese caudillo llega al poder, normalmente por vías electorales limpias, empieza desde el primer minuto a implementar el libreto clásico del populismo autoritario. Un modo de ejercer el poder que anula a la oposición política, pero también a cualquiera que pueda ejercer un nivel de fiscalización sobre el Gobierno. Los tres objetivos clásicos son el poder judicial, la prensa independiente y la sociedad civil. Si se logra controlarlos, se dan las condiciones para, si es necesario, avanzar contra la joya de la corona, que es la constitución.
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P: La semana que viene se realizarán las elecciones generales en Nicaragua. La práctica totalidad los principales candidatos opositores al Gobierno de Daniel Ortega se encuentran detenidos o inhabilitados. ¿Nos encontramos ante una dictadura de facto?
R: Sí, y no hay ninguna duda al respecto. El caso de Nicaragua es uno grotesco, uno en el que una pareja controla el país como su finca privada y que ni siquiera hace el esfuerzo por guardar las apariencias de democracia. Que Latinoamérica no ha sido capaz de rechazar de forma categórica este abuso es un hecho muy sintomático de la degradación de los estándares regionales. México y Argentina, dos gigantes regionales, se abstienen en las resoluciones en las que se trata el tema de Nicaragua. Espero que al minuto en el que Daniel Ortega, a partir del 7 de noviembre, anuncie su nuevo periodo de Gobierno, ‘ipso facto’ la Unión Europea y otras grandes democracias del mundo no reconozcan los resultados de la elección y traten a Ortega como un verdadero paria.
P: Tras la histórica jornada de protestas en Cuba del pasado 11 de julio, muchos veían aires de cambio en la isla. Sin embargo, meses después, todo parece haber vuelto a la casilla de salida. Un informe reciente publicado por HRW detalla la que parece haber sido la única consecuencia: una ola de detenciones y abusos sistemáticos contra los manifestantes. ¿Qué podemos esperar de la próxima marcha, que está agendada para el 15 de noviembre?
R: Lo que podemos esperar es más represión. Yo soy muy escéptico respecto a que la gente vaya a salir a las calles el próximo 15 de noviembre. Pensar que se vaya a producir una nueva manifestación masiva en todos los rincones de la isla me parece pura ilusión. La capacidad que tiene el régimen cubano para reaccionar al mínimo indicio de una conducta que no está permitida es enorme. En el país, ciudadanos de a pie hacen espionaje de sus propios vecinos. Hasta un simple comentario crítico con el Gobierno en una noche de fiesta puede llegar automáticamente a los oídos de las autoridades.
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La manifestación del 11 de julio fue totalmente espontánea, parecida a una implosión social. La gente reaccionó ante filas de cinco o seis horas para conseguir un par de huevos. Las condiciones de la pandemia han sido muy duras. Mientras el régimen se obsesionaba con desarrollar su propia vacuna, las tasas de mortalidad eran muy elevadas y las capacidades de prevención muy cuestionables. El turismo que mueve a la isla, su principal fuente de recursos, se detuvo. Los que salieron a las calles lo hicieron porque estaban convencidos de que ya no tenían nada que perder. El régimen se ha encargado de recordarles que sí tienen mucho que perder con una respuesta draconiana. Más de mil detenidos sin debido proceso por protestar pacíficamente. Se puede soñar con que los cubanos serán capaces de manifestarse en una fecha concertada previamente con el grado de represión desplegado previamente, pero es algo muy difícil.
P: Este año hemos visto dos ejemplos de tácticas a lo Donald Trump, por así llamarlas, para intentar revertir un resultado electoral. El primero es Perú, donde la candidata Keiko Fujimori buscó invalidar la victoria de Pedro Castillo en la segunda vuelta. El segundo, Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro ha empezado a sembrar dudas sobre el sistema electoral y el voto electrónico. ¿Teme que esta tendencia se extienda?
R: El daño que le ha hecho Donald Trump a la democracia americana es incalculable. Va a costar probablemente décadas recuperar la credibilidad en el sistema democrático. Legitimó algo hasta ahora impensable: que el jefe de Estado de la democracia más poderosa del mundo se niegue a reconocer los resultados electorales. Un precedente que puede convertirse en la nueva normalidad en el resto de América Latina.
“América Latina está llena de ejemplos de caudillos con tintes ideológicos opuestos”.
P: En España, nuestra percepción de la política está guiada casi exclusivamente por el eje ideológico izquierda-derecha. Pero en América Latina, a menudo, este eje por sí mismo no basta para contar toda la historia.
R: Es una cuestión tan simple como abrir los ojos, dejar de guiarse por los prejuicios y hacer un esfuerzo de constatación empírica. Cualquiera puede ver que estos caudillos vienen de todos los colores. Lo que los une es el cómo conciben el ejercicio del poder. Hay ejemplos de sobra en la región de caudillos de derecha, como Alberto Fujimori en el Perú de los 90, Álvaro Uribe en la Colombia de los 2000 y Jair Bolsonaro en el Brasil de hoy en día.
El presidente brasileño es un ejemplo de gobernante mesiánico, irresponsable, que siente un profundo desprecio por el juego democrático y la separación de poderes y que, en su cabeza, todo tiene una explicación conspirativa. Pero lo que te acabo de decir aplica exactamente igual para Andrés Manuel López Obrador en México. Para Bolsonaro, el comunismo y la izquierda son los culpables de todos los males. Para AMLO, es el neoliberalismo. América Latina está llena de ejemplos de caudillos con tintes ideológicos opuestos.
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P: Sus choques con el presidente de Colombia, Iván Duque, son frecuentes. ¿Cuáles son los problemas del actual Gobierno colombiano que le llevan a ser tan crítico con su administración?
Colombia es un país fascinante, probablemente el que ofrece las mayores complejidades de América Latina. A pesar de todo el marco de violencia y corrupción a gran escala, cuenta con unas instituciones democráticas muy sólidas y una cultura paralela de respeto a la ley. Estas dos realidades coexisten. Ya no estamos en los 80, cuando Colombia estuvo al borde del abismo por el poder de los carteles del narcotráfico y los grupos irregulares armados. El país ha logrado mejorar sus condiciones, especialmente a raíz de las negociaciones y posterior firma del acuerdo de paz con las FARC, que coincidieron con grandes caídas en las cifras de violencia armada. Pero en este instante, por la falta de visión y de un compromiso real por parte del Gobierno de Iván Duque, los números están regresando a niveles similares a los previos al acuerdo.
Hay que desarrollar políticas de crecimiento del Estado en estas zonas rurales, que antes estaban controladas principalmente por las FARC y donde ahora hay un vacío de poder. El Gobierno de Duque entiende este diagnóstico. ¿Y cuál es su solución? Una mayor presencia militar, desplazando miles de soldados con una única misión: capturar o matar a los cabecillas de grupos irregulares. Eso está muy bien, pero por sí solo no genera protección para la población civil. Es más, el número de homicidios aumenta conforme crece la presencia militar. Por otra parte, resulta difícil encontrar realidades tan difíciles como las de los campesinos colombianos. El Gobierno les fumiga con fosfato sus plantaciones de coca y les dice “ustedes tienen que cultivar productos lícitos”, pero no les dan créditos, apoyos o recursos para ello.
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P: Su país, Chile, está inmerso en un proceso de reforma constitucional impulsado de abajo hacia arriba por una serie de protestas. ¿Considera que es un ejemplo a seguir o ve problemas en el horizonte?
A mí lo que más me preocupa es cómo se llegó hasta este punto, el que la democracia de las calles haya sido la causa de esta nueva etapa de discusión constitucional. Es un reflejo de la inoperancia o incapacidad de satisfacer necesidades genuinas en el diseño de la democracia representativa en el país. El sistema no estuvo a la altura, y esto consagra y legitima caminos de atajo, en el que un sector de la población puede optar por generar el caos para forzar al Gobierno del país a tomar medidas.
Es revelador de la miopía de la clase política chilena el que no fuera capaz de buscar a tiempo ese tipo de debates por las vías institucionales. La lección que uno saca de Chile es que nunca hay que actuar con tanta negligencia como para llegar a una situación de desborde que lleve a las calles a hablar, en lugar de a las vías institucionales.
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