La APLU decidió archivar el expediente de derribo haciendo caso a la ampliación del recuso interpuesto por el abogado de la familia, Jesús Cabanelas, que se amparaba en el artículo 10 de la Lei 7/2022, del 27 de diciembre de medidas fiscales administrativas. El recurso señalaba que la edificación que la APLU pretendía derribar se encontraba dentro de la nueva casuística, que supone acreditar que la casa llevaba más de quince años construida. “O exercicio das competencias que corresponden a Comunidade Autónoma Galicia para impoñer a obriga de restitución das cousas e reposición ao seu estado anterior, coa indemnización dos daños irreparables e perdas causadas no caso de obra e actuacións contrarias ao disposto na lexislación en materia de costas realizadas na zona de servidume de protección do dominio público marítimo terrestre, deberá producirse dentro dun prazo de quince anos a contar dende a determinación das obras ou actuacións contrarias á legalidade”

La APLU contesta al mencionado recurso de forma positiva. “ No recurso interposto por María Rosa Fernández García e José Ramón Blanco Piñeiro apréciase a concorrencia dos requisitos determinantes da súa admisión a trámite, como a personalidades suficiente e a lexitimación activa na causa recorrente, así como a súa interposición no tempo e na forma que corresponden” .

La resolución del expediente sancionador y de restitución y reposición de la legalidad urbanística por actuaciones abusivas en la zona de servidumbre de protección de dominio público marítimo terrestre menciona que el expediente nacía de una inspección realizada en octubre de 2019. La resolución de la APLU de derribo de la vivienda de Nerga es de octubre de 2021. En ella se decía que se ponía fin a la vía administrativa. Los propietarios, sin embargo, siguieron luchando, llevaron sus reivindicaciones al pleno del Concello de Cangas, movilizaron a los vecinos de esa aldea de O Hío y no pararon hasta conseguir liberar su casa de la condena a muerte que tenía. Ellos mostraban documentación en la que constaba que la construcción tenía licencia municipal, en su día la inscribieron en el Registro de la Propiedad, además de obtener el final de obra, pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles y el Catastro. Por eso, cuando desde la APLU se les dijo que aquellas edificaciones anteriores al vuelo de 1989 eran todas ilegales no lo entendían.

En Nerga hay más casos, como los hay en toda la parroquia de O Hío, pero en ninguno se daban las circunstancias del de la familia Blanco Fernández, ya que la APLU ya había cursado orden de derribo de la vivienda, algo que no había sucedido aún con otros casos.

”Ahora no hago otra cosa que mirar nuestra cosa una y otra vez”

Rosa María Fernández se enteró por el portavoz del Partido Popular, José Enrique Sotelo, del archivo de su causa. Es a él, a su compañera de partido, Dolores Hermelo y a su abogado Jesús Cabanelas a las personas que quiere darle las gracias. Recuerda estos cuatro últimos años de lucha, de la que ellos nunca se apartaron, nunca se olvidaron. “Estuvieron siempre atentos y proporcionándome información. No fue solo cosa de un día” No quiere hablar de otras personas. También recuerda a los vecinos que se solidarizaron con su familia y reconoce que fueron tres años muy duros, donde se les iba la casa que tantos esfuerzos les había costado. Se daba la casualidad de que el año que acabaron pagar la hipoteca fue cuando recibieron la mala noticia del APLU, informándoles que su casa tenía que ser derribada. “Recibimos la notica con una gran alegría, pero contenida. No nos atrevíamos a exteriorizar nuestro sentimiento. Después tuvimos confirmación del archivo de la causa por parte de la APLU a través del correo electrónico y de carta certificada. En la casa regresó la alegría. Hasta nuestro nieto pequeño comentaba a todo el mundo que la casa no se iba a derribar. Yo, ahora, no hago otra cosa que ponerme a mirar la casa todos los días. Es la manera de confirmar que es nuestra, que nuestra lucha valió la pena”, asegura Rosa María Fernández. Son días felices para esta pareja de Nerga, pero hubo momentos de dificultad extrema, no solo por el motivo de la casa, sino porque una enfermedad ayudó a empeorar la situación. Ahora el alivio es absoluto y no dudan en ocultarlo. Por cierto, que Rosa María Fernández comenta también que durante este tiempo mantuvo un contacto directo con el director de la APLU, Jacobo Hortas, que no dudaba en ponerse al teléfono para responder a las preguntas sobre su expediente.