La mayoría del cerco gallego suma dos años sin cobrar ayudas al paro del jurel

La Conferencia Sectorial de Pesca autorizó esta semana la «territorialización» de casi 1,1 millones de euros para compensar a las embarcaciones del cerco y las artes menores afectadas por la paralización temporal de la pesca de jurel en 2024. Es un montante que irá a parar en su inmensa mayoría a la comunidad gallega, más del 80%, en un momento en el que las flotas de menor envergadura están asfixiadas por la pérdida de sus especies objetivo, sino abocadas en muchos casos al desguace. «Por desgracia, la pesca últimamente se decide siempre lejos de los puertos. Si cierran las especies principales de un arte y te dicen que puedes pescar otras especies está bien, ¿pero dónde están? No es fácil. No es una estantería de un supermercado donde si no hay un producto hay otro», lamenta Manuel Suárez, portavoz de la Asociación de Armadores del Cerco de Galicia (Acerga). La entidad estima que la mayoría de los buques afectados por los paros del jurel —más de 60 asociados y al menos 70 en toda la autonomía— suman dos años ya sin cobrar las ayudas vinculadas a estas restricciones.

Y es que más allá de que la línea de este año se haya traspasado ya a las CC AA, que ahora se encargarán de repartirlas entre sus respectivos sectores, con lo que aún tardarán en llegar, los apoyos de 2023 siguen sin reflejarse también en las cuentas de gran parte de los barcos. Al contrario que el despliegue de medios, que en el caso del año pasado compete todavía al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca, lo que sí están llegando ya son las primeras desestimaciones por no haber mantenido encendidas las cajas azules durante todo el periodo de inactividad, requisito para poder acceder a estos mecanismos.

«Estamos empezando a recibir notificaciones con problemas de este tipo», expone Suárez, para quien la prioridad pasa por contabilizar los buques a los que afectan las mismas. «Tenemos cinco ya en Sada, pero no conocemos todavía su contenido. Eso sí, ya hay asociados que nos han trasladado que no podrán cobrar las ayudas por este motivo», agrega.

Conforme explican desde la entidad, la condición de mantener encendidas las cajas azules durante todo el paro del jurel, «un mínimo de 30 días y un máximo de 90», es inasumible para el grueso de las embarcaciones, ya que serían necesarias conexiones con los puertos para que los pesqueros pudiesen cargar sus baterías y así no verse obligados a apagar las cajas azules o que sus baterías se descargasen por el uso prolongado de estos aparatos. «Ya hemos hecho llegar este problema que afecta a todos los puertos gallegos porque no es solo Sada. Pasa también en Laxe, Camariñas, Malpica, Cambados, Portosín…», dice el portavoz de Acerga sobre algunos de los puertos que «no están preparados para que los barcos estén conectados a tierra».

Junto a ello critica la demora en el pago de las ayudas —cuando «lo normal sería que si se hace un amarre de tres meses se cobrase a mes vencido»— y lo incongruente que sería que llegasen antes los apoyos de 2024 —con los que en principio cuentan para comienzos de 2025— que los de 2023: «Es sumamente posible».

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