Todas las parejas heterosexuales de Europa pueden someterse a tratamientos de reproducción asistida, ya sea en lo público o, si el sistema de salud no les cubre, pagándolo de su bolsillo. Es legal. El veto solo llega, y en unas pocas regiones, si se necesitan óvulos o embriones donados.
Pero, para parejas de mujeres o mujeres sin pareja, y mucho más si hablamos de personas trans o intersex, la cosa se complica. Y mucho. Incluso en los países en los que se podría pensar que no habría discriminación. De hecho, no fue hasta junio de este año cuando Francia permitió el acceso a estas técnicas de estos colectivos. Y en Noruega incluyeron a las mujeres sin pareja en 2020, hace muy poco.
La inseminación artificial, o intrauterina, consiste en la introducción del semen mediante una cánula en el interior del útero. En la fecundación ‘in vitro’, por su parte, se extrae el óvulo y se combina con el espermatozoide en laboratorio para luego introducir el embrión.
De los 43 países analizados para esta investigación, 12 no permiten a las mujeres sin pareja acceder a fecundación ‘in vitro’. Algunos más, 16, vetan también su acceso a la inseminación asistida. Si además necesitan óvulo de donante, la lista de lugares donde se las excluye crece aún más.
La situación es peor para las parejas de mujeres: en 24 países no pueden someterse a ningún tipo de técnica de reproducción asistida. En general, para el colectivo LGTBIQ+, tener hijos mediante estas técnicas no es un camino nada fácil en Europa. “Los lugares donde es más difícil para el colectivo LGTBIQ+ conseguir un trabajo, salir del armario, casarse o conseguir el reconocimiento legal de su género son también los lugares donde es más difícil tener acceso a técnicas de reproducción asistida”, asegura Cianan Russell, de la asociación de defensa de los derechos de este colectivo ILGA Europe, que nombra Hungría y Polonia como los países donde su situación es peor, pero asegura que el problema está mucho más extendido. Y que, incluso donde sí pueden hacerlo legalmente, “en papel”, la realidad a veces trae “discriminación, acoso o incluso violencia” durante el proceso. Pero, para él, quienes están sufriendo mayores problemas en este campo son las personas trans e intersex.
La discriminación lleva a algunas de esas personas vetadas a tener que plantearse difíciles alternativas. En el caso del colectivo LGTBIQ+, narra Russell, hay tres: la primera, enmascarar la identidad real, parejas de lesbianas que mienten diciendo que es una mujer sola la que accede al tratamiento, si eso sí está permitido, o personas no binarias u hombres trans que dicen que son mujeres; la segunda, cruzar fronteras para hacerlo en otro país; la tercera, tener relaciones con amigos o con personas de confianza aunque no sientan atracción por ellos.
Aunque esto no es lo habitual, claro, es un camino al que muchas personas que quieren tener hijos se pueden ver forzadas si las barreras son insalvables. En el caso de mujeres sin pareja, Izaskun Gamen, portavoz de la asociación Mujeres Solas por Elección (MSPE), cuenta que, durante su largo proceso de años para intentar tener hijos, algunas personas le sugirieron que se quedara embarazada de algún desconocido tras una noche de sexo y no le dijera nada, algo que le parece impensable: “¿Tú cómo le explicas a tu hijo luego eso? ¿Cómo le explicas que ha nacido de un engaño?”, responde.
Madres cada vez más mayores
La única barrera legal para parejas heterosexuales, en la mayoría de casos, es la edad. Y es que las mujeres que acceden a estas técnicas cada vez son más mayores. En la última década, la edad media de la madre en el nacimiento de su primer hijo, ya sea de forma natural o asistida, ha aumentado en prácticamente todo el continente europeo. En países como España o Irlanda, superaba los 32 años en 2019.
Y eso es la media, lo que significa que muchas mujeres acceden a estas técnicas más tarde o cuando, justo por su edad, concebir de forma natural se hace más difícil. La mayoría de países pone el tope legal para la reproducción asistida alrededor de los 50 años. Esta es la edad máxima en Grecia, por ejemplo, pero hasta el 30 de junio de 2023 se ha ampliado hasta los 52 para no dejar fuera a mujeres que vieron su tratamiento frenado o retrasado por la pandemia.
Para Juana Crespo, directora de la clínica de fertilidad que lleva su mismo nombre, ubicada en España y especializada en casos difíciles, el principal problema por el que acuden sus pacientes es la vejez: “Nos hacemos viejas y cuando nuestro sistema reproductivo se hace viejo, toda la orquesta está vieja”. Además, afirma que esto es una “enfermedad nueva”: “La biografía de retrasarnos la maternidad no está escrita”.
Y, aunque el límite de la edad en la mujer sea lo más común, no en todas las parejas heterosexuales es el principal problema para concebir. De hecho, para Carlos Calhaz-Jorge, presidente de la European Society of Human Reproduction and Embryology (Eshre), la mitad de los problemas de las parejas que acuden a técnicas de reproducción asistida viene de la parte masculina.
No obstante, la edad no es factor de exclusión legal de los hombres y, en general, no hay límites en los países europeos. Solo tres de los 43 países ponen máximos: Francia, con 59 años; Finlandia, con 60, y Suiza, con 56, aunque en estos dos últimos casos son recomendaciones, no vetos legales. De hecho, en Suiza la recomendación es que el padre pueda estar vivo hasta que el niño cumpla 18 años, algo más sociológico que médico.
Pese a las enormes trabas con las que se encuentran las mujeres sin pareja y lesbianas, las personas trans son quienes sufren más dificultades. Hasta 2011, no hace tanto, en Alemania las personas trans tenían que pasar por un proceso de esterilización para poder cambiar su género. Esto sigue ocurriendo en varios países europeos. En ocasiones, además, conseguir el reconocimiento legal de su género les puede vetar el acceso y se plantea el dilema. “La persona no debería estar en una posición en la que tenga que priorizar uno de los dos derechos, así no es como funcionan los derechos humanos”, argumenta el portavoz de ILGA Europe.
En 20 países el acceso de las personas trans a las técnicas de reproducción asistida está reconocido. En seis, de forma explícita, no. En otros países, como Alemania, ni está regulado. En lugares como Italia es obligatorio haber completado antes la transición. En algunos, los cambios legislativos pretenden borrar esas realidades, hacer como que no existen. Es el caso de Hungría, como cuenta Bea Sandor, de la Háttér Society, una organización húngara de defensa de los derechos LGTBIQ+: “Conseguir un reconocimiento legal de género fue prohibido el año pasado. No hay ninguna referencia real en la legislación sobre las personas trans”.
Además, como narra Russell, los tratamientos a los que fueron sometidas de jóvenes muchas personas intersex también acabaron con sus posibilidades de tener hijos, al menos de forma natural: “Hay barreras realmente significativas para que las personas intersex sean capaces de reproducirse, y comienzan mucho antes de una persona intersex sea incluso consciente de que lo es, en la infancia, cuando hay intervenciones en su cuerpo mediante cirugía o tratamientos hormonales que modifican su capacidad posterior para reproducirse”.
Y, si superan todas esas barreras propias, aún tienen que enfrentarse a las del resto: prohibiciones si no están en pareja, edad, coste económico…
La traba más común: la falta de recursos económicos
Una vez superadas las trabas legales, llegan las económicas. Según Carlos Calhaz-Jorge, “el problema para la mayor parte de la población es la falta de apoyo público. Porque incluso en países donde las parejas heterosexuales pueden acceder a técnicas de reproducción asistida, depende mucho de la financiación pública”. Y aquí llega la siguiente discriminación, que se puede sumar a las anteriores, la económica: no todos los países cubren estas técnicas (seis no cubren nada), y quienes sí lo hacen a veces solo costean una parte, o las listas de espera son de años, en un asunto en el que el tiempo es clave. En algunas zonas, el acceso es parcial. Por ejemplo, en Suiza y Polonia, solo se financia la inseminación, no la ‘in vitro’, mucho más cara. Y en Grecia, el sistema público solo atiende en casos muy concretos, como personas que viven en territorios insulares alejados de la capital.
De hecho, las diferencias entre los países europeos son abismales. Incluso las hay entre regiones de un mismo país, como pasa en Reino Unido, Italia o España. En este último país, por ejemplo, las mujeres sin pareja pueden acceder a inseminación artificial en Navarra, pero no a ‘in vitro’, incluso aunque tengan problemas médicos que les impidan quedarse embarazadas por inseminación, un veto que no ocurre en el resto de regiones españolas. Alemania, por su parte, no lo cubre para lesbianas y mujeres solas.
El límite de edad, que ya era una barrera legal importante incluso yendo a una clínica privada, baja —y bastante— cuando el objetivo es recibir estas técnicas en la sanidad pública. Una vez más, en caso de parejas heterosexuales, muy pocos países ponen techo a la edad del hombre, solo algunos como Portugal, que lo marca en 60 años, o Austria, en 49. Para las mujeres sí hay límites: de los 38 en Letonia a los 46 en Italia o los 48 en Malta, pasando por la cifra más habitual, los 40.
En otros países, acceder a la reproducción asistida en lo público tiene barreras extra, como no superar determinado peso (en Serbia, Rumanía y algunas regiones españolas) o no tener hijos previos, como en Dinamarca, Malta, Portugal, Rumanía, España, Suecia y Turquía.
Otro de los límites más habituales es cubrir solo un número máximo de intentos. Pocos países son claros en inseminación, o no establecen límites, aunque si lo hacen suelen ser seis o tres ciclos. Sí está más tasado en ‘in vitro’: casi todos tienen un tope de intentos. Son seis en Bélgica, Eslovenia e Italia. Tres, lo más habitual, en 15 países. En Rumanía, Moldavia y Kazajistán, solo uno. O te quedas embarazada a la primera o si quieres seguir intentándolo tienes que pagarlo de tu bolsillo.
Según explica Irene Cuevas, directora de laboratorio de embriología del Hospital General de Valencia (España), en un centro público, a partir de ciertos intentos, la probabilidad de éxito baja mucho. “Tenemos los recursos muy limitados y tenemos que intentar optimizarlos de alguna forma. Es un índice muy lógico”, argumenta.
Y luego están los copagos, que hacen que el acceso no sea gratuito en la práctica. Los más habituales son los de las medicinas, algo muy relevante, puesto que por cada ronda de ‘in vitro’ en España, por ejemplo, el tratamiento hormonal puede superar los 1.000 euros.
O las largas listas de espera. Ese es, para Cuevas, que trabaja en un hospital público español, “el problema fundamental”. Es algo habitual también, por ejemplo, en Hungría. Hace un tiempo, el problema era que no aceptaban donantes de semen que no fueran húngaros. Pero, una vez eliminada esa traba, la cosa no mejoró del todo. El pasado verano, este país decidió nacionalizar todas las clínicas de fertilidad. “Todos sabemos que esto significa que aquellos que no tienen dinero para costearse los tratamientos van a tener listas de espera de entre cinco y 10 años”, augura Bea Sándor.
Para el doctor Calhaz-Jorge, esto no es solo un problema de derechos, sino que va más allá: “Me gustaría que hubiese más apoyo público en mi país, Portugal, porque las listas de espera son demasiado largas y, como en toda Europa, nuestra natalidad está bajando y esto podría ayudar un poco, teniendo el objetivo de conseguir un 5% de niños nacidos con reproducción asistida. Es una cifra realista, pero necesitamos financiación**”.
España es el país de Europa, junto a Grecia, en el que más niños nacen gracias a procedimientos de reproducción asistida, llegando a ser un 7,9% del total de nacidos en 2017. En otros países del oeste como Italia, Reino Unido o Portugal, este porcentaje se encuentra en torno al 3%.
Frente a todas estas dificultades, ¿es posible una normativa común europea que garantice un acceso igual para todos? Para Cianan Russell, es difícil. La falta de competencias en esta materia, que la tienen los países miembros y no la Unión, hace que su única alternativa a la hora de defender los derechos LGTBIQ+ sean los tribunales.
Carlos Calhaz-Jorge, presidente de Eshre, añade: “Estoy convencido de que no es posible tener un marco legal común. La visión política y las sensibilidades a nivel cultural son muy diferentes de un país a otro”. Y tanto.
Este artículo forma parte de la European Data Journalism Network (EdjNet), un consorcio periodístico internacional que cubre Europa y temas paneuropeos usando periodismo de datos. Se publica bajo una licencia CC BY-SA 4.0, por lo que es fácilmente reutilizable.
Investigamos dos aspectos con respecto al acceso a las técnicas de reproducción asistida: qué dice la legislación de cada país sobre qué se puede hacer o no y qué parte cubre la sanidad pública. Como base para el trabajo utilizamos los datos recolectados por la European Society of Human Reproduction and Embriology (Eshre) en el artículo científico “Survey on ART and IUI: legislation, regulation, funding and registries in European countries”, con datos a 31/12/2018 y que no incluye Azerbaiyán. Además, hemos investigado uno a uno y actualizado y afinado los datos de los países pertenecientes a la Unión Europea de más de 10 millones de habitantes (según los datos de Eurostat a 1 de enero de 2021): Alemania, Francia, Italia, España, Polonia, Rumanía, Países Bajos, Bélgica, República Checa, Grecia, Suecia y Portugal. Además de Hungría, Noruega e Irlanda, por su relevancia en los datos, y Rusia y Reino Unido, por su peso. No obstante, no hemos encontrado información extra que verifique los datos que recoge Eshre sobre Rumanía.
Hemos cambiado la información que proporcionaba Eshre sobre la edad máxima de la mujer para acceder a técnicas de reproducción asistida en Noruega a los 46 años, según la última actualización de la Ley de Biotecnología del país y, además, se ha establecido esa misma cifra como edad máxima para los tratamientos cubiertos por el Seguro Nacional. También la información sobre acceso de mujeres sin pareja y parejas lesbianas, que con esa misma actualización pasó a ser legal en 2020. En Portugal no existe edad máxima en el hombre para acceder a estas técnicas, según explica el Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA). En Francia también hemos modificado la edad máxima de los hombres para acceder a las técnicas, según explican aquí.
Hay otros países en los que hemos actualizado la edad máxima de la mujer para acceder a técnicas de reproducción asistida por el sistema sanitario público de su país (ya sea mediante copago o cobertura completa de gastos): en Bélgica, para que el Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité (Inami) te subvencione tienes que tener menos de 43 años; en República Checa, para que VZP te subvencione tienes que tener menos de 40 años; en Portugal, 40 años para ‘in vitro’ y 42 años para inseminación artificial; en Rumanía tienes que tener al menos 24 años para ser incluida en el programa nacional de fertilización ‘in vitro‘ y en Reino Unido todo depende de la región en la que estés, y aunque NICE recomienda que las mujeres tengan, máximo, 42 años para ‘in vitro’, hay regiones en las que se permite incluso con 43. La información más completa sobre lo que se permite o no en cada región la hemos encontrado en Fertility Network UK.
Para completar la información nos han ayudado László Arató con Hungría, Giorgio Comai con Italia, Elvira Krithari con Grecia y El Orden Mundial con Francia.
De Eurostat salen los datos utilizados para la edad media de la madre al nacimiento del primer hijo y los relativos al número de niños nacidos fuera del matrimonio. También hemos utilizado los datos de Eurostat sobre nacimientos en 2017 de Albania, Grecia, Bosnia y Herzegovina, Alemania, Letonia y Serbia para sacar el porcentaje de niños nacidos mediante técnicas de reproducción asistida.
Aunque hemos hecho un trabajo muy exhaustivo en el tratamiento de los datos, su complejidad y la constante evolución de este tema puede hacer que haya errores o datos desactualizados. Si encuentras algún error, avísanos a [email protected].
source La trampa de los tratamientos de fertilidad en Europa: cómo dejan fuera a miles de mujeres