“Llegué a Bruselas en 2016 y la cuestión migratoria ha sido desde entonces un problema. Hemos hecho numerosos intentos que no han sido muy exitosos. Ahora creo que tenemos una verdadera oportunidad”, asegura un diplomático europeo al que toca gestionar este “contenciosa” propuesta. “No creo que haya tantas políticas en las que las diferencias entre los Estados miembros sean tan grandes”, admite sobre la política de asilo e inmigración. Los ministros de interior de la UE tratarán de cerrar este jueves dos de los elementos más relevantes del paquete de asilo: el reglamento sobre el sistema de gestión de la migración y el asilo y el reglamento sobre el procedimiento de asilo que deben aclarar la actuación de los Estados miembros en caso de presión migratoria.

“Las negociaciones continúan. La cosa está al 50%. Veo voluntad pero es un asunto delicado”, apuntan las mismas fuentes sobre las posibilidades de éxito. Lograr el consenso será imposible dado que países como Polonia o Hungría ya han anticipado su voto en contra lo que significa que la presidencia sueca de la UE tendrá que intentar buscar una mayoría cualificada para cerrar un pacto que la comisaria de interior, Ylva Johannsson, daba por hecho durante la presentación del nuevo plan de acción para el Mediterráneo occidental y el Atlántico, la ruta migratoria que lleva a España. Si lo consiguen —en buena medida dependerá del voto de los grandes países como Alemania, Francia, Italia y España— el Consejo podrá lanzar las negociaciones interinstitucionales con el Parlamento Europeo que tendrá que liderar a partir de julio España con el objetivo de llegar a un acuerdo antes del final de la legislatura a mediados del próximo año.

Procedimiento en las fronteras

El objetivo de las dos propuestas de reglamento es fijar los requisitos sobre los procedimientos de asilo logrando un nuevo equilibrio entre responsabilidad y solidaridad. Los Veintisiete parten de la base de que la solidaridad debe ser “obligatoria” pero no la reubicación (aunque hay gobiernos a los que les gustaría) de los refugiados que llegan a territorio europeo. “Ningún Estado miembros será obligado a reubicar o contribuir más allá de lo que debe”, sostienen los documentos de trabajo consultados por este periódico. Para cuadrar este círculo la propuesta de la presidencia sueca contempla distintos tipos de solidaridad alternativa para los países que no quieran reubicar refugiados.

Desde una contribución de financiera —de 20.000 euros por refugiado, según las fuentes diplomáticas consultadas, aunque la Comisión habría propuesto 22.000 euros— hasta el desarrollo de capacidades, servicios, personal cualificado, instalaciones y equipos técnicos en ámbitos como el registro, la recepción, la gestión de fronteras, el control, la detención y el retorno. Algunas delegaciones siguen reclamando cifras más bajas —de 10.000 euros— mientras que para otras delegaciones los 20.000 euros el mínimo aceptable. La Comisión Europea, que tendrá que evaluarla situación en todas las rutas migratorias y en todos los Estados miembros, sería la encargada de elaborar un “fondo de solidaridad” con validez para un año

La propuesta de compromiso incluye otros números como un tope anual de 30.000 reubicaciones, un techo que no gusta a algunas delegaciones del centro de Europa. La idea de establecer un compromiso anual es una de las peticiones de los países de la ribera sur para presionar a los países del norte de Europa. La oferta sobre la mesa también establece en dos años el plazo de responsabilidad del Estado miembro de entrada pero no excluye del proceso de asilo en la frontera a las familias con menores de 12 años, tal y como quiere Alemania.