En el caso de Alonso, que fue jefe de la Comandancia de Ávila cuando se produjeron los hechos, deberá explicar las condiciones en las que se concedió el dinero, por qué firmo como terminadas obras que nunca llegaron a realizarse y, en especial, por qué declaró en su momento que la decisión de contratar con las empresas de Tejera le vino determinada por Jarava, uno de los hombres más poderosos de la Guardia Civil por aquel entonces.

Esta declaración, que se produce por petición expresa del propio Alonso para intentar demostrar su inocencia, llega después de que la jueza retrasase un mes su comparecencia y añadiese el cohecho a la lista de delitos que presuntamente podrían haberse cometido entre 2014 y 2019, según consta en un auto al que tuvo acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

Testificará voluntariamente

En lo que respecta al teniente coronel, que es el responsable de la única comandancia en la que se han podido hacer peritajes hasta la fecha, la persona encargada de evaluar qué se hizo realmente con los 120.000 euros adjudicados en 2016 a las empresas del constructor canario constató la deficiencia del trabajo.

En su informe, al que ha tenido acceso este periódico, explica que los “trabajos no han sido ejecutados completamente y que hay una discrepancia entre lo facturado y lo realmente ejecutado”. Sin embargo, la firma en su momento de Carlos Alonso daba por bueno lo realizado, razón por la que podría llegar a enfrentarse a un delito de falsedad continuada en documento oficial. Por su declaración, y para informar de las novedades del caso, la jueza decidió aprovechar la comparecencia para citar a todos los investigados hoy en los juzgados de Plaza de Castilla, Madrid.

La magistrada tomó esa decisión después de recibir el pasado 26 de abril un escrito de la Fiscalía de Madrid en el que se especificaba que los hechos investigados en el caso Cuarteles podrían ser constitutivos de los delitos mencionados, y que, por tanto, la causa debía ser transformada para que si acaban procesados los cuatro investigados sean juzgados por un tribunal o jurado popular.

El Ministerio Público relevó hace unas semanas a la encargada de las pesquisas, que han pasado a la sección especializada en Asuntos Económicos. Ahora es la fiscal Virna María Alonso Fernández, decana de la Sección de Asuntos Económicos de la Fiscalía de Madrid, quien se ocupe de la causa, en la que se analizan presuntos delitos de corrupción económica.

A la espera de peritajes

Además, en ese auto al que tuvo acceso este periódico para la comparecencia de hoy, la jueza también aprovechó para llevar a cabo la citación de los peritos designados por la Dirección General del Patrimonio del Estado, lo que a priori parece un primer paso para desbloquear el caso. Hasta ahora, al haberse realizado peritajes únicamente relativos a la comandancia de Ávila, donde empezó el caso, no se ha podido esclarecer si el modus operandi visto allí fue el mismo en los otros 12 acuartelamientos implicados.

Allí, en Castilla y León, según ha podido constatar El Periódico de España a través del acceso en exclusiva a una circular interna, la Guardia Civil ya ha empezado a blindarse para que lo sucedido en el caso Cuarteles no vuelva a repetirse. Al menos desde el 22 de marzo, momento en que se envió ese correo electrónico, todas las obras que se adjudiquen en sus comandancias deberán ir acompañadas de fotografías antes y después para comprobar que lo contratado era necesario y que realmente llegó a producirse.