España se aproxima cada vez más al inicio de un prolongado proceso para cerrar y desmantelar todas sus centrales nucleares. La cercanía de la primera de las clausuras programadas -la de la central cacereña de Almaraz, en 2027– está desatando en los últimos meses presiones por tierra, mar y aire al Gobierno para aplazar los cierres previstos y prolongar la vida de todos los reactores.
Presiones desde el frente político, con una ofensiva parlamentaria con el PP a la cabeza; desde el ámbito social, con asociaciones surgidas ahora en los territorios afectados; y también desde la esfera económica, con diferentes patronales con un renovado discurso pronuclear y con las propias eléctricas propietarias de las centrales empezando a defender abierta y públicamente la necesidad de aplazar los cierres (pero con condiciones… condiciones económicas fundamentalmente).
Tras años haciendo una defensa de la energía nuclear casi meramente teórica, con mensajes tibios sobre un eventual alargamiento de la vida de los reactores, las grandes eléctricas ahora sí empiezan a reclamar una revisión del calendario de cierres escalonados de las centrales entre 2027 y 2035 que ellas mismas pactaron hace seis años. Iberdrola y Endesa reclamaron hace unas semanas establecer un diálogo directo con el Gobierno para debatir sobre la conveniencia de alargar la vida de las centrales nucleares y aplazar las clausuras programadas, y también para acordar nuevas condiciones sobre las cargas fiscales que soportan las plantas y que, según las compañías, hace inviable la rentabilidad futura de las instalaciones.
Las consultoras se mueven
En pleno calentón del tema nuclear, las eléctricas se rearman para encarar la disputa pública e institucional y empieza a aflorar una avalancha de informes elaborados por grandes consultoras con argumentos de todo tipo en defensa del aplazamiento de los cierres de las centrales. En los últimos meses se han hecho públicos varios informes elaborados por consultoras como PwC, LlyC o Metsys (amén de otros firmados por diferentes colegios profesionales o asociaciones vinculadas más o menos directamente con el tema) alertando de los riesgos y las consecuencias de prescindir de los reactores. Esta semana la patronal CEOE y la patronal Foro Nuclear organizaron una jornada sobre el papel de la energía nuclear en la transición energética en la que representantes de todas estas consultoras compartieron las conclusiones de sus estudios.
Un amplio informe de LlyC lanza propuestas concretas al Gobierno, como responsable de la política energética nacional, para garantizar la seguridad de suministro eléctrico y la solidez del sistema energético, entre las que destacan la defensa de una moratoria que implique aplazar todos los cierres de las nucleares diez años, rebajar la carga fiscal de las instalaciones nucleares para garantizar su sostenibilidad económica y también impulsar la instalación de minirreactores nucleares modulares en España. “Cancelar el calendario de cierre de las nucleares es una prioridad y no hacerlo es una irresponsabilidad”, sentenció en las jornadas de CEOE y Foro Nuclear Jordi Sevilla, exministro socialista, expresidente de Red Eléctrica y ahora director de Contexto y responsable de la Unidad de Inteligencia de la consultora LlyC.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, alertó esta semana de que los precios de la electricidad que pagan los españoles se disparará si el Ejecutivo comete el “gran error” de cerrar todas las centrales nucleares y no se revisa el calendario de cierres de centrales previsto, con clausuras programadas desde 2027 y 2035. “Si las centrales nucleares cierran, tenemos algunos análisis que indican que los precios minoristas aumentarán entre un 25% y un 30%”, apuntó en declaraciones a Financial Times.
El presidente de Iberdrola se hacía eco de un informe de la consultora PwC sobre el impacto del cierre de las nucleares, en el que se anticipa que el apagón nuclear en España habría implicado un incremento del precio del mercado mayorista de electricidad de casi 37 euros por megavatio hora (MWh) el año pasado, dado que la producción de todas las centrales nucleares tendría que ser sustituida por tecnologías de coste variable muy superior, como son las plantas que queman gas natural. La cotización al alza del mercado eléctrico se habría traducido en un incremento del recibo eléctrico de un 23% para los hogares y pymes, y de un 35% para la industria.
PWC ha elaborado varios estudios sobre el impacto que tendría el cierre nuclear en España con un aumento de las emisiones de efecto invernadero del sistema eléctrico y sobre las consecuencias del apagón nuclear en Alemania (con un alza de las emisiones de CO2 y vinculándolo con una subida del precio del mercado eléctrico germano). Asimismo, la consultora también ha publicado un informe sobre las consecuencias que tendría para Cataluña el cierre de sus dos centrales nucleares, las de Ascó I y II y Vandellós II -previstos entre 2030 y 2035-, advirtiendo que implicaría la destrucción de 10.500 empleos entre directos e indirectos y que restaría 900 millones de euros al PIB regional.
La consultora Metsys ha hecho un ejercicio similar sobre los impactos del cierre de la central de Almaraz, con un estudio que anticipa que la clausura de la central cacereña pone en riesgo más de 3.800 empleos en Extremadura, golpeará a más de 400 empresas proveedoras (y probablemente condenará al cierre a una veintena de ellas) y tendría un impacto económico de más de 200 millones anuales en la región.
El Gobierno esquiva la presión
El Gobierno lleva semanas esquivando las presiones para alargar la vida de las centrales nucleares esgrimiendo que las fechas de cierre de los reactores no la decide el Ejecutivo, que pedir autorización para alargar la vida de los reactores corresponde exclusivamente a las compañías eléctricas propietarias. Tras la petición de diálogo lanzado por Iberdrola y Endesa, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha subrayado siempre ha existido y que es permanente, y que en esas conversaciones constantes las compañías eléctricas siguen sin reclamar al Gobierno un cambio en las fecha de cierre previstas.
En las últimas semanas, la propia vicepresidenta ha reconocido que si las eléctricas solicitan ampliar la licencia de explotación más allá de las fechas de clausura previstas para cada central, el Ejecutivo estudiará la solicitud de manera normal y siguiendo el procedimiento que marca la normativa. Las grandes eléctricas pactaron en 2019 entre ellas y con Enresa, la empresa pública encargada de desmantelar las centrales y de gestionar los residuos radiactivos, un calendario de cierre progresivo de todos los reactores.
Las grandes eléctricas pactaron en 2019 entre ellas y con Enresa, la empresa pública encargada de desmantelar las centrales y de gestionar los residuos radiactivos, un calendario de cierre progresivo de todos los reactores. El acuerdo con Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP -las eléctricas propietarias de las plantas- establece una clausura escalonada de las plantas que arrancaría en 2027 (con Almaraz) y culminaría con el último el cierre en 2035 (con Trillo). Un pacto que servía entonces para apagar el enfrentamiento entre las propias compañías eléctricas sobre cuándo cerrar en las centrales y cuánto invertir en ellas para mantenerlas en funcionamiento.
Foro Nuclear, la patronal de las nucleares en la que se integran las grandes eléctricas, defiende mantener en marcha las centrales y ampliar el tiempo de operación de las plantas, pero con condiciones previas que se antojan imprescindibles para las compañías. Las eléctricas advierten de que es imprescindible una gran rebaja de los impuestos que pagan las centrales nucleares o un nuevo sistema de retribución que garantice sus ingresos y su rentabilidad futura como condición para seguir funcionando. “No vamos a ser los guapos que salven España costándonos dinero. Las compañías se deben a sus accionistas”, advirtió esta misma semana el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce.
El cierre de las nucleares ha entrado de lleno también en la escena política. El PP ha decidido lanzarse abiertamente a la batalla política para ampliar la vida de las centrales nucleares. Los populares sacaron adelante una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de Vox y UPN y las abstenciones de Junts y ERC instando al Gobierno a retrasar los cierres de todos los reactores, programados de manera escalonada para entre 2027 y 2035. Es sólo una petición, una propuesta, sin efectos jurídicos. Pero ahora el PP pretende dar un paso más e impulsar una proposición de ley para intentar forzar un cambio regulatorio real y prolongar el funcionamiento de las centrales más allá de las fechas de cierre previstas.
Enlace de origen : Las eléctricas se rearman para dar la batalla al Gobierno para aplazar el apagón total de las nucleares