Las finanzas municipales se encuentran saneadas, con un superávit que les permite encarar con fortaleza la recuperación de las reglas fiscales que limitan la capacidad de gasto y la advertencia del Gobierno de que solo podrán firmar créditos a largo plazo aquellos consistorios que cuenten con presupuestos aprobados estado año. Esa solidez contable explica que los municipios gallegos cerrasen el último trimestre del año con 58 millones de euros en facturas en el cajón, es decir, pendientes de añadir al presupuesto. Esta cifra supone un 33% menos que en el mismo período del año pasado, cuando se rozaron los 86.
Las entidades locales, como las autonómicas, están sometidas a un estricto control contable por parte del Ministerio de Hacienda desde que en 2013 entró en vigor la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que introdujo los corsés económicos para tratar de controlar el déficit público, reducir el gasto superfluo y garantizar el pago a los acreedores, fijando como tope una media de 30 días para abonar facturas, so pena de que se le aplicasen correctivos y planes de recortes a quienes incumpliesen ese período.
Con aquella legislación, el entonces Gobierno de Mariano Rajoy (PP) impuso la austeridad para impedir el rescate de toda la economía española, afectada por el crack financiero global desencadenado a finales de 2008 por la quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers. Sin embargo, cuando no existe liquidez en las arcas municipales, estas administraciones pueden recurrir a la conocida como cuenta 413, es decir, un cajón donde situar facturas “derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos para los que no se ha producido su imputación presupuestaria”, según la propia definición del Ministerio de Hacienda. Se trata de un mecanismo cuyo uso debería ser excepcional y motivado, peroel Tribunal de Cuentas alertó sobre el abuso de esta vía para aplazar el pago de facturas.
El más bajo desde 2021
La mejora económica ha ido mejorando el balance de esta cuenta 413, que cerró el último trimestre del año pasado, cuando se cierran los balances contables, en 58 millones. Se trata de la cifra más baja en ese período desde los 56,3 millones de 2021, pues el último trimestre de 2022 se cerró con 83,2 millones y el de 2023 con 86, según los datos de Hacienda.
De esa cifra, más de 10 corresponden al ayuntamiento de Ourense, gobernado por Gonzalo Pérez Jácome, de Democracia Ourensana, que carece de apoyos suficientes en el pleno para aprobar medidas para facilitar el pago a proveedores.
La lista continúa con la la ciudad de A Coruña, que supera los 4,7 millones, aunque después aparece el concello de Fene, con 2,1, seguido de Ferrol (2), Vilagarcía de Arousa (1,7), Pontevedra (1,6), A Estrada (1,4) y Nogueira de Ramuín, con 1,3 millones, a pesar de contar con poco más de dos mil habitantes, según los datos revelados por Hacienda.
Cuarenta y seis concellos no han aportado datos sobre el recurso a la cuenta 413. Otros 108 presentan un balance cero.
Cuatro concellos gallegos podrían para aplazar 10 años más sus deudas
Después de anunciar la quita a la deuda de las comunidades autónomas, el Ministerio de Hacienda quiere aligerar la carga económica a los ayuntamientos en mayores dificultades. La ministra María Jesús Montero anunció ayer que ampliarán del período de amortización de deudas de 10 a 20 años a aquellos ayuntamientos en riesgo financiero .
Este nuevo acuerdo, anunciado en un foro organizado por El Correo de Andalucía y Prensa Ibérica, establece que podrán acogerse a este plan los ayuntamientos sujetos a un plan de sostenibilidad financiera en vigor, aprobado en aplicación de los acuerdos de la Comisión Delegada de abril y julio de 2023 o de junio de 2024. También podrán acogerse ayuntamientos que están calificados en riesgo extremo. En Galicia podrían beneficiarse Catoira, Miño, Os Blancos y Pol, según Hacienda.
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