Los datos de la ruta canaria no dejan indiferente a nadie. Ni las peores condiciones meteorológicas frenan la salida de migrantes desde las costas africanas, que zarpan con el anhelo de llegar a Europa a través del Archipiélago. Jugarse la vida en alta mar parece no tener importancia para quienes se suben a una barquilla precaria rumbo a una vida mejor. Pero, ¿cuál es la situación del sistema de acogida de Canarias? ¿Qué ayuda recibe el Archipiélago para gestionar estar crisis humanitaria? ¿Cuánto se invierte en la atención de los migrantes?

El año pasado, 2023, llegaron a España más de 56.600 personas de forma irregular, un 82% más que en 2022. Solo a Canarias arribaron 39.910 migrantes, batiéndose el récord de la llamada crisis de los cayucos de 2006, cuando se registraron 31.678 llegadas. El 2023, unas 65.000 personas fueron atendidas en el Sistema de Acogida de Protección Internacional gestionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

El escenario de 2024 no es más alentador. Ya han llegado a España unas 25.400 personas, más del doble que en el mismo periodo de 2023. 

A nivel estatal el sistema de atención humanitaria está al 81% de capacidad, con más de 19.500 plazas ocupadas y 3.700 plazas disponibles. En protección internacional hay casi 35.000 personas; y entre atención humanitaria y protección internacional, el país atiende a casi 52.000 personas, de las cuales alojamos a más de 43.000 en nuestros recursos. 

Canarias gestiona una llegada importante de personas a sus costas, como ya se vivió en el último trimestre de 2020, pero la situación es completamente distinta. En la anterior crisis, en las Islas existían menos de 500 plazas de acogida y para perfiles muy vulnerables. Durante estos años se ha reforzado la red de acogida y, en esta ocasión, disponemos en las islas de más de 7.000 plazas. Además, el sistema es integral y flexible. 

No solo se ha reforzado la red en Canarias, sino también en Península. Ahora mismo, España sistema acoge a 52.000 personas en todo el territorio. También se han mejorado todos protocolos para la detección de víctimas de trata, de tráfico, torturas y la detección de personas que puedan ser menores.  

En diciembre 2023, el Consejo de Ministros aprobó la concesión de 70 millones de euros a Canarias para atender la llegada de migrantes, especialmente con destino a la atención de menores extranjeros no acompañados. Además, se ha ampliado hasta tres veces la declaración de emergencia por un importe de más de 285 millones de euros, para incrementar las capacidades del programa de atención humanitaria. 

Por otra parte, se ha conformado el Consejo Interministerial de Inmigración con ocho ministerios, presidido por Ángel Víctor Torres, para abordar la situación de Canarias de manera transversal. Además de la coordinación interministerial, la colaboración entre comunidades autónomas y ayuntamientos ha sido crucial para gestionar la crisis migratoria. Ahora, el Gobierno central y el Gobierno de Canarias apelan a reforzar ese espíritu solidario y humanitario del que el Archipiélago ha hecho gala en cada repunte de llegadas

Por esto, este miércoles se celebrará la tercera Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud de la legislatura, donde se va a exponer el texto pactado entre Canarias y Estado para reformar el artículo 35 de la ley de extranjería, que permitirá el reparto obligatorio entre todas las comunidades autónomas de los menores migrantes que han arribado a las Islas sin el soporte de un familiar adulto. 

La atención de los menores vulnerables es competencia de las comunidades, según recoge el artículo 148.1.20º de la Constitución Española, que atribuye, a aquellas autonomías que lo asuman en su Estatuto, la competencia exclusiva en materia de “asistencia social”, donde se enmarca la potencial guarda y tutela de menores. Actualmente, todas las regiones han asumido de forma estatutaria la competencia en materia de tutela de menores. El artículo no distingue entre los niños nacionales de los extranjeros, por lo que Canarias se hace cargo en solitario de los más de 5.600 menores que han llegado a sus costas de manera irregular. 

Si bien, el artículo 2 ter de la ley de extranjería recuerda que: «La Administración General del Estado cooperará con las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y los ayuntamientos para la consecución de las finalidades descritas en el presente artículo, en el marco de un plan estratégico plurianual que incluirá entre sus objetivos atender a la integración de los menores extranjeros no acompañados. En todo caso, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos colaborarán y coordinarán sus acciones en este ámbito tomando como referencia sus respectivos planes de integración».

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) ha identificado en su informe anual de 2023 que las y los niños y jóvenes migrantes no acompañados son presentados en las principales redes sociales como una amenaza para la sociedad. Se trata de niños sin la tutela de sus progenitores o familiares y en una situación de extrema vulnerabilidad, pero se utiliza un lenguaje agresivo explícito contra ellos en el 52% de los casos. 

En España hemos pasado de un millón de población inmigrante en 1999 a cerca de 7,5 millones en 2024. Los 2,8 millones de trabajadores extranjeros contribuyen a sostener el estado de bienestar y suponen el 13,2% del total de la fuerza laboral del país. Aportan el 10% de ingresos a la Seguridad Social y solo representan el 1% del gasto. 

Según diversos estudios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la Comisión Europea, del Fondo Monetario Internacional (FMI), la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) o el Banco de España, el país necesita unos 300.000 trabajadores migrantes al año para sostener el estado del bienestar. La sociedad española es más heterogénea y tolerante, y su mercado de trabajo más rico y diverso que nunca.

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