Según el informe anual elaborado por esta institución y entregado esta mañana por su titular, María Dolores Fernández Galiño, al presidente del Parlamento de Galicia, las quejas en sanidad, sin embargo, han caído respecto a los años anteriores; de 899 asuntos tramitados en 2021 a 685 en el año 2022.

Fernández Galiño ha atribuido en conferencia de prensa esta situación a que en los años precedentes, inmediatamente posteriores a la crisis de la covid 19, se habían disparado aun más las quejas en esta área.

De este modo, los 685 asuntos relacionados con la sanidad corresponden a 2.833 reclamantes, ya que muchos de los escritos presentados corresponden en realidad a una misma problemática y se han tratado como tal.

A los problemas ya mencionados con las listas de espera, le siguen otras quejas relacionadas con el déficit de personal facultativo, fundamentalmente en los centros de atención primaria, como los asuntos más numerosos de los que se quejaron los gallegos en 2022 ante el Valedor do Pobo.

También recoge el informe las quejas por las demoras en la valoración de la dependencia, por lo que recomienda que los programas de atención provisionales para libranzas de servicios ya aprobados en programas anteriores y en lista de espera por más de tres meses se aprueben de forma preferente o al menos sin demoras, de tal manera que no se produzcan dobles esperas.

La Valedora ha destacado que la Consellería de Política Social ha aceptado esta recomendación y prevé la aprobación este año de un nuevo decreto para regular las valoraciones.

Esta nueva normativa autonómica, ha dicho, prevé “que las personas puedan beneficiarse de una prestación económica durante la espera del recurso aprobado sin necesidad de que transcurra el plazo de tres meses”.

Y, además, la prestación económica provisional non se tramitará como modificación del Plan Individual de Atención (PIA).

Durante la presentación del informe, que una vez entregado al presidente del Parlamento tendrá su tramitación en esa institución en las próximas semanas, la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, ha asegurado que 2022 ha sido “un año difícil” para los derechos humanos, un tiempo que aún perdura y que ha estado marcado por la “inseguridad y la incertidumbre”.

“Estamos en una situación de crisis permanente, de permacrisis”, ha señalado la Valedora do Pobo, que ha destacado que tanto los poderes públicos como la institución que preside no pueden dejarse llevar por el desaliento, sino que más que nunca deben centrar sus esfuerzos en reivindicar más derechos humanos para todos los ciudadanos, especialmente, para los más vulnerables y necesitados.

El año pasado el Valedor do Pobo registró 4.634 quejas, más del doble que en 2019, el último año prepandemia y el primero del equipo de Fernández Galiño en la institución.

Y en la misma medida sostenida han aumentado también las resoluciones, ha comentado la Valedora, ya que si en 2019 fueron 95, en el año 2022 se dictaron 503.

Durante el año pasado el Valedor do Pobo abrió 91 investigaciones de oficio.

Además, Fernández Galiño ha destacado la “colaboración” de los distintos poderes públicos con la institución que preside, ya que si en 2019 las peticiones de información hechas más de dos veces fueron 629, en el año 2022 estos requerimientos reiterados cayeron a menos de la mitad, a 258.

La Valedora ha citado tres ámbitos de especial relevancia en el trabajo de la institución; la atención a las personas mayores, la igualdad de género y los derechos lingüísticos.

De las personas mayores ha citado su derecho a ser atendidos presencialmente por las administraciones y otras entidades privadas y no de modo telemático de forma obligatoria.

También ha abierto expedientes relacionados con la atención a la dependencia, la soledad no deseada y la prolongación de la vida activa, ya que la sociedad gallega, como otras, es cada vez más longeva, lo que constituye un logro, pero también es “un reto, un desafío” y los poderes públicos deben velar por que se cumplan sus derechos.

En cuanto a igualdad de género, la Valedora ha llamado la atención sobre dos “feminicidios” ocurridos en Galicia el año pasado de lo que informó al Defensor del Pueblo, ya que estas víctimas no fueron contabilizadas como violencia machista por no tener o haber tenido una relación afectiva con sus asesinos pero “sí que las mataron por ser mujeres”.

Se trata de dar visibilidad a esta situación, ha dicho Fernández Galiño, porque si no se visibiliza este tema no se pueden tomar las medidas de prevención adecuadas.

Además, en el ámbito de la igualdad la Valedora do Pobo también ha trasladado al Defensor del Pueblo situaciones de violencia económica en los casos de violencia de género.

Sobre los derechos lingüísticos, la Valedora ha incidido en tres áreas en las que tras su actuación se ha mejorado.

Por una parte se trata de que en los documentos de tramitación de expedientes de Declaración de Impacto Ambiental en proyectos eólicos se incluyan informes redactados al menos en una lengua cooficial, ya que hasta el momento se incluían textos incluso en inglés.

También se ha llegado a un acuerdo para que el Colegio Notarial disponga de formularios en gallego y se ha ratificado el derecho de los ciudadanos a tener una póliza de seguros redactada en la lengua cooficial en la que residan y haya sido suscrita.

La Valedora ha advertido, finalmente, de que la situación de crisis sigue en 2023 y además habrá que prestar atención a “nuevos riesgos”, como los derivados del uso de la inteligencia artificial.