“En pocos días, podría haber muerto, pero hoy estoy aquí. Vine solo desde São Paulo a Brasilia, sin que nadie me acompañara. (…) Soy un testigo vivo de la política criminal de una corporación”. Estas declaraciones fueron proferidas el 7 de octubre por Tadeu Frederico Andrade ante la Comisión Parlamentaria del Senado (CPI), que desde el mes de mayo investiga la gestión de la pandemia del coronavirus.

Este 20 de octubre, la CPI ha publicado los resultados del esperado informe, que concluye que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, incurrió en “crímenes contra la Humanidad” con su negacionismo por la pandemia, y otros ocho delitos que van desde epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica o prevaricación y falsificación de documentos públicos. Además de Bolsonaro, la acusación incluye a cuatro ministros brasileños y otras 61 personas.

En directo desde la Cámara alta, todo Brasil conoció el relato espeluznante de este abogado de 65 años, que fue ingresado durante 120 días por complicaciones del covid-19 en un hospital privado de la red Prevent Senior, un seguro médico especializado en pacientes ancianos. Tadeu fue “condenado a muerte” por los médicos de este centro, que intentaron convencer a su familia a que les dieran la autorización para apagar las máquinas que lo mantenían con vida. Los profesionales sanitarios pretendían retirarlo de la unidad de cuidados intensivos y suministrarle un tratamiento paliativo a base de morfina. No tuvieron ningún tipo de escrúpulo, llegando a mostrar a los familiares un informe médico falso, en el que su edad y su cuadro clínico habían sido alterados. “Mi familia, desconfiando de Prevent Senior, contrató a un médico privado para fiscalizar sus procedimientos. Creo que si sigo vivo, es también gracias a él”, contó entre lágrimas a los senadores.

Su pesadilla comenzó en Navidad, cuando contrajo el covid-19. Tras una consulta online de 10 minutos, le fue prescrito el llamado ‘kit covid’. Es un coctel de medicamentos sin eficacia comprobada que incluye la hidroxicloroquina, el remedio defendido por el presidente Jair Bolsonaro desde el inicio de la pandemia; el vermífugo ivermectina; el antiparasitario nitazoxanida; el antibiótico azitromicina y la vitamina D. Cinco días después, el cuadro clínico de Tadeu había empeorado. Fue ingresado en un hospital de la red Prevent Senior con un diagnóstico de neumonía bacteriana asociada al coronavirus. Acto seguido, fue entubado. “Cuando llegué, ya tenía el 50% de la capacidad pulmonar comprometida, según mi médica”, relata Tadeu.

Este abogado denuncia que fue usado como cobaya humana en un tratamiento experimental. Mientras estaba en la UCI, le fue suministrada flutamida, empleada habitualmente contra el cáncer de próstata. Todo esto sin la autorización de su familia. El brasileño, que fue sometido a 10 sesiones de hemodiálisis e incluso tuvo arritmia cardíaca, se salvó por los pelos gracias a la intuición y al tesón de sus hijos.

Tadeu es uno de los millares de enfermos que fue inducido a usar el ‘kit covid’ en un experimento macabro que podría haber causado la muerte de decenas o quizás centenares de pacientes. Lo más esperpéntico es que eso acontece en un país que ya ha superado las 600.000 víctimas por el covid-19 y se ha convertido en la segunda nación con más fallecimientos en números absolutos, solo por detrás de Estados Unidos.

A día de hoy no se conocen las cifras oficiales de este tétrico ensayo, pero poco a poco van saliendo flote detalles aterradores gracias al trabajo investigativo de la CPI. Se sabe que la empresa Prevent Senior, por ejemplo, mantuvo en secreto la causa de la defunción de Anthony Wong, un médico negacionista que despreciaba las vacunas en sus redes sociales y defendía con entusiasmo el uso de la polémica hidroxicloroquina.

Wong era una verdadera celebridad entre los seguidores del presidente Bolsonaro. En su comparecencia ante la Cámara de los Diputados el año pasado, llegó a abogar por una “intervención vertical”, es decir, el aislamiento social únicamente de mayores y de embarazadas, y la vuelta a la normalidad para el resto de la población. La ocultación de las causas de su muerte contó con la colaboración de 123 médicos del hospital en el que fue internado por “una bajada de presión y un malestar”.

El de Wong no es él único misterio desvelado por la Comisión parlamentaria. Un hospital ligado a la Prevent Senior también encubrió la razón del fallecimiento de la madre de Luciano Hang, uno de los empresarios más fieles a Bolsonaro. Hang, fundador de un imperio comercial basado en las tiendas Havan, es un personaje muy histriónico que suele aparecer en público ataviado con extravagantes atuendos verdes y amarillos, los colores de la bandera brasileña. Negacionista empedernido, promovió el uso de cloroquina entre sus empleados incluso después de perder a su madre, el pasado mes de febrero. “¿Será que si hubiese hecho el tratamiento preventivo, no habría salvado a mi madre?”, cuestionó en público.

“Si el médico no demostraba lealtad y obediencia a los protocolos, sufría castigos”.

A sus 58 años, es considerado una de las personas más ricas del país. Hijo de un obrero de la región sur, este “hombre hecho a sí mismo” figura en la lista de multimillonarios brasileños de la revista Forbes, con un patrimonio estimado en 2.700 millones de dólares. En 2018 fue multado por el Tribunal Superior Electoral por hacer campaña a favor de Bolsonaro en las redes sociales. Incluso fue procesado por el Ministerio Público del Trabajo por intentar obligar a algunos de sus empresarios a votar al actual presidente. Actualmente, está siendo investigado como uno de los posibles financiadores de los actos antidemocráticos del 7 de septiembre, y por la diseminación de fake news y de amenazas contra autoridades.

El año pasado fue atacado por la prensa tras relevarse que había conseguido al menos 55 créditos preferenciales del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para fortalecer su red comercial. Recientemente ha aparecido en los Pandora Papers, que muestran que el empresario (que se declara “patriota”) esconde al menos 112 millones de dólares en paraísos fiscales. En una sesión muy tumultuada de la CPI, Hang negó toda acusación y defendió la empresa Prevent Senior.

Los horrores relatados en las interminables sesiones de la CPI parecen no tener fin. Un grupo de médicos decidió denunciar a Prevent Senior por obligarles a recetar el ‘kit covid’. “Si el médico no demostraba lealtad y obediencia a los protocolos, sufría castigos”, reveló la abogada Bruna Morato, que representa a un grupo de profesionales ‘rebeldes’ de la compañía. “Se llegó a un punto totalmente lamentable, en mi opinión. Este kit estaba compuesto por 8 medicamentos. El médico le decía directamente al paciente: ’Necesito dártelos, si no me van a echar. Si no los quieren tomar, toma por lo menos las vitaminas y las proteínas. Los otros [medicamentos], además de no tener eficacia, son muy peligrosos’”, relató Morato en el Senado.El médico Walter Correa confirmó esta versión ante la Comisión parlamentaria. “Era un modelo básicamente enfocado en los costes y no en el bienestar del paciente. Algunas situaciones no son exclusivas de la pandemia. Son cosas que acontecen en la Prevent Senior de forma crónica y forman parte de la cultura de esta empresa”, reconoció. Correa confirmó que también fue obligado a deshacerse de la mascarilla al principio de la pandemia, supuestamente para evitar que los pacientes se asustasen. Pero la sospecha es que había un plan para contagiar al mayor número posible de pacientes y conseguir la llamada inmunidad de rebaño.

Los médicos que denunciaron estos casos en el programa de máxima audiencia de la televisión brasileña, en incógnito y con la cara cubierta, hoy viven con miedo. Han recibido amenazas y no quieren seguir hablando con la prensa. Lo que sí ha aparecido, con pelos y señales, es la historia de los fundadores de Prevent Senior, dos hermanos rockeros que, como no, también aparecen en los Pandora Papers.

Eduardo y Fernando Parrillo fundaron en 1996 esta empresa familiar al mismo tiempo que tocaban en una banda de hard rock. Todo empezó con la compra de una ambulancia en la capital económica de Brasil, São Paulo. Veinticinco años después, consolidaron un verdadero imperio empresarial dedicado a la salud privada de los mayores. Una ganga en un país de 213 millones de habitantes que contabiliza más de 33 millones de ancianos. La pandemia para estos empresarios fue una excelente oportunidad de hacer negocios. La facturación en 2020 alcanzó los 4.300 millones de reales (676 millones de euros), un 19% más que en 2019.

La investigación de la CPI ha mantenido en vilo al Gobierno de Jair Bolsonaro durante meses. De hecho, el mandatario intentó evitar por todos los medios que arrancase y tuvo que intervenir la Corte Suprema para dar el último empujoncito. Tampoco le hizo mucha gracia el hecho de que fuese escogido como relator de la CPI Renán Calheiros, un viejo amigo y aliado del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Además de los horrores médicos, la Comisión del Senado ha destapado una serie de escándalos. El más grave, sin duda, ha sido el esquema de corrupción para la compra fraudulenta de vacunas, como la india Covaxin, a través de empresas intermediarias. Un funcionario del Ministerio de Sanidad acusó el presidente Bolsonaro de callar y otorgar, es decir, de haber sido avisado y no tomar medidas. Por esta razón, los senadores quieren acusarlo de un crimen de responsabilidad.

Otro flanco de la CPI se ha centrado en un supuesto gabinete paralelo en la sombra, integrado por asesores y médicos negacionistas, que habría trazado la estrategia para luchar contra el covid-19 a espaldas del Ministerio de Sanidad. Liderado por el gubernista Osmar Terra, médico anti-vacunas que fue ministro del ex presidente Michel Temer y de Bolsonaro, este gabinete habría apostado por alcanzar la inmunidad de rebaño de forma natural, dejando que el coronavirus circulase libremente por el país e infectando el mayor número posible de personas. También defendió a capa y espada el uso de la cloroquina, en un intento de evitar el confinamiento total ofreciendo la ilusión de un tratamiento todopoderoso contra el covid.

Esta Comisión parlamentaria desveló incluso los planos del hijo del presidente, el senador Flávio Bolsonaro, para atraer a los empresarios estadounidenses del sector de los casinos a Brasil. Investigado por desvío de dinero público en su época de diputado local en Río de Janeiro, Bolsonaro viajó a Las Vegas con un empresario acusado de corrupción y que incluso ha sido interrogado en la CPI de la pandemia. El detalle es que existe un proyecto de ley para la liberalización de los casinos, que están prohibidos en Brasil desde 1946, y Flavio es su gran impulsor. Sus detractores sostienen que quiere usar las casas de juego para reciclar dinero sucio.

El informe final de la CPI ha sido finalmente publicado este 20 de octubre, y acusa a Bolsonaro de nueve delitos, el peor “crímenes contra la humanidad” y otros como epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica, incitación al delito, prevaricación, falsificación de documentos públicos, uso irregular de dinero público y atentados contra la dignidad del cargo, todos incluidos en el documento presentado ante la comisión. La intención de los senadores es presentar este documento al Tribunal Penal Internacional para que el mandatario brasileño pueda ser juzgado en La Haya por la gestión de la pandemia que, según los informes presentados, pudo provocar al menos 400.000 muertes adicionales. Es algo poco probable, según la mayoría de los juristas brasileños, ya que es difícil demostrar que hubo una intención de infectar deliberadamente a la población por parte del presidente brasileño.

“La CPI ya ha ganado”, asegura el sociólogo Leonardo Rossatto en un artículo que enumera los éxitos de la comisión. El primero, según él, es que la Comisión investigativa consiguió agilizar la vacunación, que en Brasil arrancó el 18 de enero, con retraso respecto a Europa. “En tres meses de vacunación, tan solo el 13,2% de la población había tomado la primera dosis y el 5,8% tenía la pauta completa. A este ritmo, Brasil tardaría un año y medio para alcanzar el 80% de vacunados con al menos una dosis”, escribe Rossatto. “Con la aceleración en el ritmo de la vacunación, llegamos a los cinco meses con un 42,2% de la población totalmente vacunada y un 71,2% con al menos una dosis. La CPI hizo que el Gobierno se movilizase en la compra de vacunas, salvando literalmente vidas”, agrega.

“Sin la CPI, es probable que nunca hubieran salido a relucir los peores crímenes cometidos por agentes del Gobierno de Bolsonaro”.

Otros resultados llamativos de la CPI, en opinión de este sociólogo, son su combate contra el nagacionismo científico a través del testimonio de expertos de reconocido prestigio; el impedimento la compra fraudulenta de vacunas a través de esquemas de corrupción, como es el caso de la Covaxin, y la contribución a cambiar la percepción sobre las instituciones de muchos brasileños, decepcionados con los políticos tras años de escándalos de corrupción que salieron a flote con la investigación de Lava Jato. “La CPI de la Pandemia es histórica y precisa ser celebrada. Sin ella, es probable que nunca habría sabido nada de los peores crímenes cometidos por agentes del Gobierno de Bolsonaro”, concluye Rossatto.

La cuestión de fondo es: ¿quién ganó con la cloroquina, que Bolsonaro tanto ha defendido a lo largo de toda la pandemia? Es el gran cabo suelto de una historia que todavía no ha sido destapada en todos sus detalles. El mandatario brasileño hizo abiertamente publicidad de este medicamento cuando lo tomó para tratarse del coronavirus, el año pasado. Su foto persiguiendo a un emú del palacio presidencial con una caja de hidroxicloroquina dio la vuelta al mundo.

En 2020 el “kit covid” creció un 550% y movió más de 500 millones de reales (unos 78 millones de euros), con ventas totales de 52 millones de comprimidos. Y eso a pesar de que el proprio fabricante del vermífugo ivermectina, el laboratorio Merck, publicase un comunicado en el que declaraba que no existen evidencias científicas de que su medicamento sea eficaz en el tratamiento del covid-19.Hasta noviembre de 2020, el Gobierno federal había distribuido 5,8 millones de comprimidos producidos en laboratorios del Ejército brasileño. Otra investigación llevada a cabo a partir de los datos desvelados por la CPI revela que, durante la pandemia, las siete principales empresas farmacéuticas del país que produjeron los medicamentos del “kit covid” duplicaron su facturación. La suma total podría superar los mil millones de reales (156 millones de euros). Se trata sin dudas de un negocio suculento en el único país del mundo que a estas alturas del campeonato todavía defiende el uso de la cloroquina. Uno que, sin embargo, puede contribuir al declive de un presidente cuya popularidad está en caída libre en todos los sondeos.

*Esta pieza fue publicada originalmente el 17 de octubre, poco antes de la publicación del informe de la CPI. Ha sido actualizada el 20 de octubre con la publicación oficial del informe.

source Los horrores del ‘kit covid’: el Senado acusa a Bolsonaro de “crímenes contra la humanidad”