Lucía Pineda trabajaba, hasta hace apenas dos años, en uno de los mayores estudios de televisión de Nicaragua. Eran otros tiempos. Ahora, mantiene vivo 100% Noticias, uno de los principales canales de información del país, desde una pequeña consulta médica alquilada, junto a otros dos periodistas, en San José, la capital de la vecina Costa Rica.

“Estuve seis meses presa en Nicaragua por informar en televisión. Tuve que salir del país en junio de 2019, después de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo asaltara el canal”, explica Pineda, mientras abre su ordenador portátil y coloca la cámara web desde la que ahora transmite 100% Noticias. “Nos acusaron de incitar al odio y de hacer terrorismo como periodistas, cuando simplemente mostrábamos la verdad, la violación de los derechos humanos de los nicaragüenses y la brutal represión”, añade, moviendo la sencilla mesa de tocador que ahora hace las funciones de escritorio, mientras otro periodista exiliado cierra las cortinas de la estancia para que no haya reflejos extraños. La ventana está abierta. El ruido de los vehículos podría colarse en el directo. Ya no hay espacios insonorizados, pero el programa sigue adelante.

Su caso es el reflejo de una situación paradójica: la mayor parte del periodismo que se consume en Nicaragua se produce ya en el país vecino.

Pineda es solo una de los 100.000 nicaragüenses que, en los últimos tres años, se han exiliado a Costa Rica debido a la situación política del país centroamericano. Las peticiones de asilo político en territorio vecino están camino de récord. Este año ya se han producido 30.000, casi la misma cifra de todo 2019. El flujo solo se redujo durante 2020, el año más duro de la pandemia de coronavirus, cuando 10.000 ciudadanos reclamaron refugio al otro lado de la frontera.

La migración masiva comenzó en 2018, el año en que todo cambió en Nicaragua. Unas fuertes protestas antigubernamentales dejaron 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y centenares de presos opositores en las cárceles del país. Pineda fue uno de esos reos. No puede olvidar su paso por El Chipote, la temida prisión usada antaño por el dictador Anastasio Somoza, derrocado en 1979 por la Revolución Sandinista, en la que participó el presidente Ortega.

“A mí me tocó defecarme en la mano por dos semanas, porque el baño no funcionaba. Son celdas oscuras. Húmedas. Por el día se pasa calor y por la noche, frío. Dormí en el suelo durante los primeros días, porque no había cama para mí”, narra la periodista. “Hubo tortura psicológica. Nos aislaron. Nos dijeron que nunca íbamos a salir de allí. Había interrogatorios constantes, más de 30 en una semana. Echaron alguna sustancia en mis alimentos que me provocó vómitos y mareos. Entonces te dabas cuenta de que trataban de hacerte daño para que dijeras algo que no era verdad. Me reclamaron que le pidiera perdón a Ortega, pero yo no tengo por qué hacer eso”, asegura Pineda, mientras a sus espaldas suena la pegadiza sintonía de 100% Noticias y su conocido eslogan, ‘Con primicias a toda hora’.

Este domingo 7 de noviembre se celebran las elecciones presidenciales en Nicaragua, consideradas por la oposición y gran parte de la comunidad internacional como una farsa. Ortega aspira a su cuarta reelección —posible tras un cambio constitucional— tras haber encarcelado, hace cuatro meses, a sus principales rivales opositores. Competirá en las urnas contra cinco candidatos poco conocidos y tildados de colaboracionistas, ante la ausencia de observación internacional y manteniendo el total control del tribunal electoral.

“El pueblo eligió a sus candidatos y el régimen los tiene presos, porque sabía que en una elección limpia cualquiera de ellos le puede ganar”

“Va a ser meramente una proclamación de Daniel Ortega. El pueblo eligió a sus candidatos, y el régimen los tiene presos, porque sabía que, en una elección limpia, cualquiera de ellos le puede ganar”, comenta Pineda. Una reciente encuesta de la firma CID Gallup daba al oficialismo un 19% de intención de voto, frente al 65% que obtendrían, en conjunto, los siete candidatos presidenciales encarcelados. “Ellos tienen su plan para sacar sus resultados y decir que votaron dos millones de personas, y que 1,5 millones votaron por Ortega. Eso está escrito. Hay mucha tensión en Nicaragua. Mucho silencio. La gente se siente amenazada, con miedo, y vigilada por parte de un sandinismo que anda paranoico”, añade la periodista.

Los siete candidatos presidenciales presos han sido acusados de traición a la patria, conspiración o lavado de dinero. Otras 40 personas, entre ellas periodistas, líderes de la patronal e incluso exguerrilleros sandinistas históricos, como Dora María Téllez, fueron también arrestados recientemente, bajo cargos similares. “Los enemigos de la Revolución, los enemigos del pueblo, están gritando que pobrecitos, que cómo es posible que estén detenidos, presos y procesados”, dijo Ortega, justificando las detenciones.

El mandatario asegura haber sido víctima de un intento de golpe de Estado organizado en 2018 por Estados Unidos, país al que continúa acusando de intervencionismo, mientras estrecha sus lazos con Rusia. “En cuántos países y en cuántos organismos hemos visto cómo las personas que atropellan a los pueblos, saqueando, robando, son llevadas a la Justicia”, argumentó, por su parte, la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo.

Ortega ha empoderado a su esposa en los últimos años. La pareja controla Nicaragua en una especie de ‘House of Cards’ caribeño. El exguerrillero ha ido más allá esta semana, nombrando ‘copresidenta’ a Murillo, un cargo no previsto en la Constitución, pero que ya utilizan los orteguistas más acérrimos. No es un movimiento baladí y tiene más implicaciones de las que puede aparentar, especialmente en términos de su posible sucesión por una primera dama que no es bien recibida por una parte importante de las bases del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

“Ella es prácticamente la mujer que maneja los tentáculos del Gobierno”, asegura Dulce Torres, una exguerrillera sandinista ahora crítica con Ortega y exiliada en Costa Rica desde las protestas de 2018, en las que participó activamente. Recibe a El Confidencial en un supermercado de San José. No se fía ni de su sombra. Menos, tras los recientes ataques a nicaragüenses exiliados en Costa Rica.

“Salí caminando, cruzando la frontera sola con mi hijo, después de que saquearan mi casa y disparasen a mi hermano. Me fui porque ya no sentía que me fuesen a detener, sino que me iban a matar”, añade la también dirigente del partido izquierdista Unamos, creado hace casi tres décadas con el nombre de Movimiento Renovador Sandinista e integrado por antiguos líderes revolucionarios que se alejaron de Ortega en los noventa.

“Me fui porque ya no sentía que me fuesen a detener, sino que me iban a matar”

“El FSLN que yo conocí, entre los setenta y los noventa, fue un frente con hombres y mujeres de principios. A Ortega se le olvidó que fuimos a una revolución por humanismo, por amor al prójimo, por cambiar las cosas, y no por quitar a un dictador y poner a otro. Yo voy a luchar contra cualquier dictadura en Nicaragua, sea de izquierdas o de derechas”, asevera Torres.

Entre los detenidos en las prisiones de Nicaragua, se encuentra el exguerrillero Hugo Torres, exlíder del Ejército que en los setenta asaltó la casa de un destacado representante de la dictadura somocista, acción con la que el FSLN logró la liberación de varios presos, incluido Daniel Ortega. Forma también parte de la directiva de Unamos. “Los tienen presos en castigo por decir que no acompañamos al presidente en sus crímenes y robos. Ortega ni siquiera es de izquierda. Es un dictador como cualquier otro que roba, mata, masacra y encarcela”, subraya Torres.

La sexagenaria exguerrillera se exilió, como tantos otros, a una edad tardía. El inicio en el país vecino, mucho más caro que Nicaragua, no fue fácil. Asegura que tuvo que dormir en el suelo durante meses. Su hijo, ingeniero, conduce un Uber para sobrevivir tras un duro 2020, cuando el país vecino también fue duramente golpeado por la pandemia.

Casi ninguno de los nicaragüenses exiliados en Costa Rica cree que la situación vaya a cambiar en su país, ni siquiera en el mediano plazo.

“Con las votaciones no se terminan las cosas. No acaba la lucha. Ortega va a caer más temprano que tarde. Él nos ha querido llevar a su forma de lucha, donde él sabe hacerlo, la lucha armada, pero el pueblo nicaragüense desistimos de eso. No queremos una nueva lucha armada. Eso es más rápido, pero no es bueno. Queremos que se vaya, pero de una forma cívica”, reclama Torres.

Mientras tanto, el ambiente en Nicaragua es de supervivencia. Los sucesos de 2018 dejaron una situación económica precaria, agravada por la pandemia y las sanciones. El PIB ha decrecido un 3,03% anual desde hace tres años, después de crecer un 5% de media desde 2010, un desarrollo solo superado en Centroamérica por Panamá, alcanzado tras un acuerdo tácito de colaboración entre Ortega y el empresariado que parece ahora roto, tras el encarcelamiento de los líderes de la patronal.

La Unión Europea ha establecido sanciones contra personas de relevancia dentro del Ejecutivo de Ortega. EEUU fue más allá, aprobando la Nica Act, cuyo objetivo era oponerse a los préstamos de las multilaterales y las instituciones financieras internacionales al Gobierno de Nicaragua, una meta cumplida a medias, porque, aunque los pagos han disminuido, instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han continuado desembolsando dinero a instituciones estatales y paraestatales.

Ortega sigue contando, en cualquier caso, con el apoyo de Venezuela, Cuba, Bolivia —a mayor distancia— y también de Rusia, mientras mantiene el poder, apoyado en la mano de hierro del Ejército, ante un proceso electoral del que saldrá, con total certeza, victorioso.

source Oposición presa, periodistas en el exilio: así prepara Ortega su ‘coronación’ en Nicaragua