Fernández Vaquero, que representa a la segunda asociación de jueces en número de afiliados, con 859, reitera que la aplicación de la ley y, por tanto, de sus competencias, “no es voluntaria” y que cualquier partido político que gobierna en una Comunidad Autónoma debe cumplir la legalidad.

En similares términos se expresa María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria entre los jueces, con 1.355 afiliados. “La Ley contra la Violencia sobre la Mujer es Orgánica, por lo que ninguna Comunidad puede derogarla ni ampliar los tipos, es Código Penal y Estado” relata la decana de Madrid.

“Poco margen”

La máxima responsable de la APM recuerda que, al tratarse de legislación nacional, las autonomías tienen “poco margen de maniobra”. “Otra cosa”, prosigue, “es la gestión de medios que quiera hacer el Gobierno autonómico y lo que quiera destinar a Justicia. Si hay una pelea no será por las ideas sino por el dinero, y con el consejero de Hacienda“, sostiene esta magistrada.

De Barco explica qué pasos se siguen para crear un Juzgado. Primero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propone su creación, aunque previamente ha reclamado los diferentes informes para determinar la necesidad. “Y luego es el Ministerio de Justicia el que hace el recorte. Como por ejemplo ha pasado este año, en el que el Gobierno autorizó la creación de 70 juzgados, cuando el CGPJ había solicitado 177. Al final del proceso, las Comunidades Autónomas informan sobre las infraestructuras y su posible ubicación”.

“Las competencias que tienen las Comunidades Autónomas son de gestión de organismos, como por ejemplo el Instituto de Medicina Legal o sobre los medios personales (el pago de sueldos a los funcionarios), materiales y de los edificios. Se encargan de que la Administración funcione adecuadamente. Por eso es muy difícil que en las decisiones de las Consejerías de Justicia la política pueda llegar a tener un gran peso”, explica Del Barco.

En este sentido, el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria coincide en que los Gobiernos autonómicos se dedican más a la gestión de los recursos y no tanto a la definición de la política de Justicia, que es un papel que sí se atribuye al Ministerio. “Ahora bien, eso no quiere decir que no tenga peso político o relevancia, el hecho de que apuestes por una inversión que mejore de forma significativa los recursos o aumente la planta judicial, sí la tiene“.

“Sin componente ideológico”

Del Barco pone de manifiesto, también, que su experiencia le ha hecho concluir que las Consejerías sólo apoyan la creación de juzgados “donde tienen edificios”. Por eso la presencia de Vox no tiene, según explica, “mayor trascendencia porque no son Consejerías que tengan un claro componente ideológico“. “Sí la tiene”, prosigue, “que los liberados sindicales cobren las guardias pese a estar liberados. Cuestiones como estas son las que deberían controlarse desde las Comunidades Autónomas; pero ninguna hace nada para mejorar el control de horarios de los funcionarios y saber quienes hacen efectivamente las guardias. De este tema tengo pocas esperanzas, esté quien esté”.

“La presencia de Vox en la Consejería de Justicia va a cambiar bien poco”, redunda Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), cuarta asociación en número de afiliados. “No tienen capacidad legislativa, porque a nivel autonómico cualquier cambio en las leyes, que suelen ser redundantes con las nacionales, se tiene que hacer en los Parlamentos autonómicos. Ahí las consejerías no tienen competencias para cambiar las leyes. Está todo regulado. Además, en la Justicia tampoco pueden influir porque los tribunales son independientes, pues forman parte del Poder Judicial”, dice este magistrado.

No obstante, el presidente del Foro Judicial Independiente recuerda que sí puede haber alguna ayuda que pueda depender de las Consejerías de Justicia: “Pero como la violencia de género es multidisciplinar, lo normal es que Asuntos Sociales o Mujer tengan el grueso de las ayudas”, prosigue Portillo, que expresa un deseo: “Ojalá mantengan los medios en los Juzgados o incluso los eleven, pero sobre todo que no se pongan cicateros a la hora de reparar el mobiliario o entregar los folios….”, finaliza Portillo, que define la situación actual de la Justicia como “lamentable”.

Dudas sobre el amparo a las víctimas

Por su parte, el portavoz de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez Achútegui, considera “preocupante” que un partido que sostiene que la Ley de Violencia de Género debe ser derogada gestione la Justicia en dos comunidades autónomas: “No entramos en valoraciones políticas, pero la Ley de Violencia sobre la Mujer ordenó crear unos Juzgados, cuyos medios los gestionan las Comunidades Autónomas. Lo preocupante es saber qué va hacer un consejero de Vox cuando tenga que atenderlos. No se entiende cómo se puede hacer cargo de esta materia un partido que no cree en la violencia contra la mujer. Por eso estamos preocupados por si van a aplicar una normas que reclaman que sean derogadas”.

Rodríguez Achútegui sostiene que cuando se creó la Ley Integral de Violencia sobre la Mujer, tanto en Zaragoza como en Huesca se habilitaron los Juzgados. “Y ahora no sabemos si Vox en Aragón y en la Comunidad Valenciana darán amparo suficiente a las víctimas. Por ejemplo, si un alcalde propone la creación de una unidad judicial, este tendrá delante un partido que no cree en esa Ley que se tiene que aplicar. ¿Van a mantener un sistema de guardias y pagar los sueldos de los funcionarios? ¿Lo van a hacer? ¿Y cuando se les pidan unidades de atención para las mujeres o los menores (por la violencia vicaria), van a atender sus peticiones o las de los profesionales del derecho?”, se pregunta.

Este magistrado del sector progresista advierte de que si Vox no dota los Juzgados “todo lo que se puso en marcha se viene abajo”. “El problema es que existe el temor de que no vayan a querer asegurar el correcto funcionamiento de la Justicia en las materias en las que no están de acuerdo”.

“Una cuestión relevante”

“No se creen que es una competencia relevante y mucha vocación de servicio no parece que tienen, porque la intervención de los juzgados es un tema estrella, fundamental para atender a las víctimas y hacer un trabajo rápido. ¿En manos de quién se ha puesto la gestión de todo esto….?”, lamenta Rodríguez Achútegui, que considera muy relevante que el PP haya entregado a un partido una competencia, la Justicia, “en la que no cree, y que es por el contrario tan relevante para la protección de la mujer”.

“No le dan importancia a la Justicia. Si no, no se la darían a Vox, que defiende que las Consejerías de Justicia no deberían tener ninguna competencia y tendrían que ser recentralizadas en el Ministerio. Esto revela la nula importancia que le dan al tema, que es secundario para el PP, y por eso lo entregan a Vox. Para el PP es una competencia irrelevante”, concluye Rodríguez Achútegui.

Tanto Del Barco (APM) como Fernández Vaquero (F.Vitoria) y Portillo (FJI) ahondan en la visión de que los Gobiernos autonómicos no dan importancia a las Consejerías de Justicia. “Ojalá los consejeros tuvieran un peso suficiente y lograran convencer a los responsables de Hacienda, que son los que realmente tienen la última palabra”, dice la portavoz de la APM. “El hecho de que apuestes por una inversión que pueda mejorar de forma significativa los recursos o aumentar la planta judicial sí es muy relevante“, reivindica Fernández Vaquero.